Descriptores Tematicos: recursos naturales; gas natural; petroleo; conflictos; politica energetica; globalizacion; empresas; privatizacion; comunidades rurales; problemas sociales; pobreza; medio ambiente; contaminacion; politica gubernamental; sociedad civil; america latina
Descriptores Tematicos: PETROLEO; RIESGO AMBIENTAL; SALUD AMBIENTAL; VIOLENCIA; COLOMBIA; recursos naturales; medio ambiente; proteccion ambiental; indigenas; propiedad de la tierra; historia; salud; empresas; estado; politica gubernamental; ecosistemas marinos
Dendogramas y agrupaciones
A partir de los datos anteriores, podría pensarse que la actividad petrolera no es un factor que determine una estructura social específica. Sin embargo, eso no es sino una lectura superficial de los datos que hemos anotado. En realidad los datos lo único que demuestran es que la presencia del petróleo no es lo que más explica, o lo que más se asocia al conjunto de la variabilidad social de la región amazónica (existiendo eso sí una clara asociación con ciertos acotados campos de variables). Para determinar cuánto se parecen entre sí las realidades de los cantones en los cuales existe actividad petrolera, hemos procedido a realizar un análisis de agrupaciones. Para ello hemos utilizado el programa SSPS; se han elaborado dendogramas de aglomeración utilizando el método de Ward, con la técnica de la distancia Euclídea y con valores estandarizados de 0 a 1. El resultado que hemos obtenido se refleja en el dendograma siguiente y nos permite concluir que si bien la presencia del petróleo no es lo que segrega y diferencia de manera más radical a los cantones que desarrollan esta actividad, sí tiene una muy clara asociación y muestra la gran cercanía que tienen los cuatro cantones que hemos calificado de petroleros. Cabe señalar que en el curso de este trabajo hemos ensayado un sinnúmero de formas de agrupar los datos y de ponderar las variables, y en todos los casos se ha mantenido este fuerte nivel de asociación.
Comentarios finales
Los datos que hemos trabajado no permiten señalar que la presencia de la actividad petrolera sea la causa principal de la situación de bienestar o malestar de las poblaciones de la región amazónica. Todo parece indicar que son otros los factores fundamentales que determinan la calidad de vida de la población. En otras palabras, en relación a las variables analizadas, la presencia de actividad petrolera no arregla el nivel de vida de la población, ni lo destruye.6
La explotación petrolera genera una dinámica específica; comprenderla sería fundamental para las autoridades con responsabilidades en las zonas en que esta actividad se desarrolla o se está proponiendo desarrollarla. Este análisis solamente estadístico ya permite identificar algunas orientaciones que podrían ser prioritarias en el caso de que existiera una voluntad real de mitigar, o en su caso prevenir, los impactos de esta actividad. Estos se refieren a manejar el crecimiento buscando evitar el desorden y la informalidad y previendo oportunamente las necesidades de infraestructura.
Por otra parte aparece con claridad que en las zonas de actividad petrolera sí existe una estructura social específica. Los indicadores que hemos analizado pueden ser un comienzo en la tarea de describir la sociedad petrolera en nuestro país. Esta descripción es necesaria si se pretende reparar las desventajas que existen en las zonas petroleras y maximizar el bienestar de su población.
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FLACSO, Observatorio Socioambiental, Sistema de Información Geográfico.
Notas
1 Este trabajo recoge algunos aspectos cuantitativos de un trabajo desarrollado durante varios años en el Observatorio Socio Ambiental de FLACSO-Ecuador, que ha contado en diversos momentos con el apoyo de Petroecuador y del Fondo de Solidaridad Social del Ecuador.
2 El SIISE explica en su metodología que estos valores provienen de la expansión de la muestra de EMEDINHO 2001. Se trata por lo tanto de datos estimados y no medidos. Sería posible y conveniente un análisis más estricto de las fuentes, y de los métodos utilizados.
3 Estos datos vitales nos hablan de ciertas condiciones de vida mejores. Consideramos que requieren de más detenida verificación antes de sacar conclusiones. Ver la nota anterior sobre la metodología de estos indicadores.
4 Hemos efectuado el análisis con respecto al número de pozos (sin logaritmo), porcentaje de la producción, sin que los resultados se modifiquen apreciablemente. Hay más diferencias si comparamos con la presencia de infraestructura. Sin embargo ese análisis deberá quedar para otra ocasión.
5 Esta sola variable debería hacer pensar a los responsables de las políticas petroleras que la primera medida de mitigación del impacto de cualquier actividad petrolera propuesta deberían ser las variables asociadas al manejo del crecimiento. Esto es, fundamental planificación e infraestructura urbana, manejo del territorio y sobre todo saneamiento de la situación de tenencia de la tierra.
6 En este análisis no se han incluido indicadores de violencia ni de toxicidad del medio.
Como citar este documento: Fontaine, Guillaume. Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazonía ecuatoriana. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21fontaine2.pdf
Resumen:
Abstract:
Descriptores Tematicos: PETROLEO; CONTAMINACION; AMAZONIA; CONFLICTOS AMBIENTALES; GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA; ECUADOR; recursos naturales; empresas nacionales; medio ambiente; proteccion ambiental; estado; democracia; politica economica; crisis; corrupcion; comunidades rurales; indigenas; movimientos sociales
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Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazonía ecuatoriana 1
Guillaume Fontaine. Doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Francia). Profesor Investigador de FLACSO-Ecuador. Email: gfontaine@flacso.org.ec
La contaminación originada por las actividades petroleras en el norte de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) desde la era Texaco (1972-1992) representa un factor esencial en los conflictos socio-ambientales. No obstante, este alto nivel de contaminación en el área actualmente operada por la empresa estatal Petroecuador contrasta con el nivel relativamente bajo de enfrentamientos en la misma zona. En realidad, la baja polarización de los conflictos ambientales se debe a un tipo de manejo de conflictos que los vuelve invisibles en vez de institucionalizar los arreglos. Para explicar esta paradoja revisaremos los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en el norte de la región amazónica en el periodo 1994-2002 (I), luego analizaremos el tipo de manejo de conflictos aplicado por la empresa estatal y las percepciones locales de la misma (II), finalmente veremos en qué medida este tipo de manejo de conflictos incide sobre la gobernabilidad democrática en la región amazónica (III).
Factores de conflictos en el norte de la RAE
El Distrito Amazónico, operado por Petroecuador, abarca 49.160 km_ y 35 parroquias. El área de estudio es constituido por los campos más antiguos -Shushufindi y Sacha que fueron explotados a partir de 1969 y 1971 sucesivamente por el consorcio Texaco-Gulf, luego Texaco-Gulf-CEPE, Texaco-CEPE y Petroecuador. Son también los más importantes en producción petrolera: a medianos de los ochenta acumulaban el 74% de la producción total del consorcio CEPE-Texaco, mientras que el 26% de la producción restante salía de 12 campos (Gordillo 2003: 238). Entre 1994 y 2002 ambos campos siguieron representando el mayor porcentaje de la producción acumulada, aunque desde medianos de la década del noventa Shushufindi entró a una fase de decrecimiento tendencial2.
Estos campos afectan directamente a cinco parroquias Shushufindi, Limoncocha, Enokanqui, La Joya de los Sachas y San Carlos que cubren 1.726,5 km2. Alrededor de la mitad de la población se concentra en las cabeceras cantonales. Shushufindi es el segundo cantón de Sucumbíos, con 32.184 habitantes. El cantón La Joya de los Sachas es el segundo de Orellana, con 26.363 habitantes (OSA 2003). La población ubicada en el área directa de influencia del campo Shushufindi está compuesta mayoritariamente de colonos (100 comunidades) y de menos 10 comunidades indígenas (4 quichua, 1 shuar, 2 secoya y 1 siona). Por su lado, la población ubicada en el campo Sacha se compone de 25 comunidades de colonos y 6 quichua. (Varios Autores 2000: 88-89).
La duración de vida de esos campos y su importancia en la producción regional se traducen por una concentración excepcional de infraestructuras petroleras: cinco estaciones de almacenamiento, una refinería, una planta procesadora de gas, un gasoducto y 105 pozos en Shushufindi; cuatro estaciones y 191 pozos en Sacha. También cuentan con los mayores pasivos ambientales de la era Texaco: 151 piscinas según Petroproducción (ie: el 12% del crudo y el 46% del volumen de aguas residuales) o 183 piscinas según el Frente de Defensa de la Amazonía. Por último, son afectados por una contaminación crónica ocasionada por las actividades de producción
y transporte. El volumen derramado en el Distrito Amazónico entre 1994 y 2002 alcanza 32.611,5 barriles, es decir, 304,8 barriles por mes durante 9 años. A nivel regional, la tasa de recuperación promedio fue del 68% en este periodo. El mayor volumen de crudo derramado se registra en Sacha, con 20.132,5 barriles. En promedio, se derramaron 188,15 barriles por mes, de los cuales se recuperó el 88%. En una oportunidad (1996) se registró un volumen derramado superior a 10.000 barriles por año y en dos oportunidades (1999 y 2000) se registraron volúmenes superiores a 3.000 barriles. En los otros campos del Distrito Amazónico, el promedio derramado es mucho menor: 49,5 barriles por mes en Libertador, 44,6 en Auca, 21,6 en Shushufindi y 5,2 en Lago Agrio. La información sobre las superficies afectadas, disponible desde el año 1997, confirma que el campo Sacha está entre los más contaminados del Distrito Amazónico, con un promedio anual afectado de 63.637 m2. Si bien es cierto esta área es inferior al área contaminada en el campo Libertador (78.411 m2), es muy superior a los de Shushufindi (37.842 m2) y Auca (38.143 m2) (OSA 2003).
Según el balance provisional de los derrames por causas, que se realizó a partir de 991 reportes entre 1994 y 2001, 310 derrames se deben a fallas de equipo y 135 a negligencias de operación (Arteaga 2003). De ello se puede deducir que Petroecuador podría reducir más del 45% de los derrames mediante un mayor mantenimiento de los equipos y una mejor gestión de los recursos humanos. Otra causa de accidentes proviene del hecho que los oleoductos no enterrados pueden ser atropellados por carros o máquinas agrícolas. Finalmente, en últimos años, el intento de robo de tubería se ha vuelto una frecuente fuente de derrames: entre 1997 y 2002, se registraron 122 denuncias por hurtos (entre los cuales 14 en Sacha y 35 en Shushufindi), aunque tan solo 32 desembocaran en procesos judiciales (OSA 2003).
Fuente: OSA (2003).
cionados con la contaminación4. Así es como calculamos dos coeficientes de variación con respecto al promedio parroquial del Distrito Amazónico: el de contaminación o riesgo ambiental (detallado según las causas) y el de manejo de conflictos mediante acuerdos y convenios. La correlación de ambos indicadores, ponderada por la densidad poblacional, da un índice de riesgo real de conflictos en cada parroquia del área, que contrasta con el nivel de manejo de conflictos (Cf. Figuras 1 y 2). Limoncocha aparece con el nivel de riesgo real más bajo del área de estudio, con el índice de 17,95. Este resultado se explica en parte por la baja densidad poblacional en esta parroquia (6 habitantes/km ) y en parte por que el riesgo ambiental global es inferior al promedio del distrito por parroquia. Sin embargo, cabe recordar que la presencia de piscinas y la frecuencia de los derrames en esta parroquia representan riesgos mayores al promedio (1,4 cada uno6). Por otro lado, el nivel de manejo de conflictos es particularmente bajo (0,18), ya que no se registraron actas firmados por la Oficina de relaciones comunitarias.
San Carlos se ubica en segundo lugar, con el índice de 35,3. Este resultado se explica por su relativamente baja densidad poblacional (17,8 habitantes/km ). Vale insistir en que padece de un nivel de riesgo ambiental (1,7) muy superior a los de Enokanqui y Limoncocha. Ello se debe al nivel particularmente alto de riesgo relacionado con el volumen derramado no recuperado (2,3), el cual es comparable al de Shushufindi. Además, si bien es cierto esta parroquia beneficia de un nivel de manejo de conflictos superior a los de Limoncocha y Enokanqui, éste queda por debajo del promedio (0,85).
Enokanqui y Shushufindi se ubican en tercer lugar, con índices similares: 56,8 y 57,2. Cabe recordar que todos los indicadores de riesgo por causa para Enokanqui están por debajo del promedio, lo cual da un indicador de riesgo ambiental bajo (0,81). No obstante, vale insistir en que el nivel de manejo de conflictos ahí es particularmente bajo (0,15), en particular debido a la escasez de actas firmadas con la Oficina de relaciones comunitarias. En cambio, en Shushufindi, todos los indicadores de riesgo por causa se ubican por encima de los promedios del Distrito Amazónico, lo cual da un nivel de riesgo ambiental 3,8 veces superior al promedio. No obstante, en la medida que el nivel de manejo de conflictos es también relativamente alto (2,8), la correlación entre riesgo ambiental y manejo de conflictos es similar a la de Enokanqui, pese a una densidad poblacional dos veces superior (43,5 habitantes/km ).
Finalmente, el alto índice de riesgo real en La Joya de los Sachas (211) se explica por la conjunción de altos niveles de riesgo con niveles insuficientes de manejo de conflictos y alta densidad poblacional (50 habitantes/km ). En particular, el riesgo relacionado con el volumen de crudo derramado (19) supera considerablemente los niveles registrados en otras parroquias, lo cual agrava el riesgo implicado por la presencia de piscinas y la frecuencia de derrames. Por otro lado, el nivel de manejo de conflictos (1,9) no compensa estos resultados y se ubica por debajo de Shushufindi.
La ausencia de correspondencia entre los niveles de riesgo ambiental y niveles de asistencia a la población del área evidencia que no existe correlación entre contaminación y manejo de conflictos. Por otro lado, la presencia de fuentes permanentes de contaminación no necesariamente masiva y la siempre incompleta limpieza y remediación crean un clima de tensión constante, aunque sea de baja intensidad. La falta de respuestas idóneas por parte de Petroecuador y el Estado ecuatoriano, no sólo para la limpieza y remediación, sino también en términos de indemnizaciones y compensaciones por obras sociales, generan un clima de desconfianza, hacia la empresa estatal y cualquier empresa petrolera en el país. A continuación veremos en qué medida y por qué razones este fenómeno se convierte en factor de crisis de gobernabilidad democrática de la región amazónica.
Factores de crisis de gobernabilidad democrática
Un problema crucial para la sociología de conflictos ambientales es la evaluación del nivel de riesgo y la magnitud de un conflicto. El nivel de riesgo de conflicto por contaminación puede variar considerablemente según si ocurre en áreas pobladas o no, cultivadas o no, etc. En ese sentido, la contaminación del agua de uso doméstico es quizá el mayor factor de conflicto, y no depende tanto del volumen derramado como de la ubicación y la importancia de la fuente contaminada para los afectados según si existe fuentes alternativas o no, si los derrames son repetitivos aunque de baja magnitud, si se producen reiteradamente infiltraciones desde una piscina aledaña, etc.
Otro factor de conflicto que no reflejan necesariamente las estadísticas ambientales, es el factor subjetivo emocional o estético, que concierne a la calidad de vida de los pobladores debido a la cercanía de infraestructuras petroleras. Sean defectuosas o en buen estado, estas infraestructuras generan un entorno hostil y constituyen una agresión continua contra los sentidos y el psiquismo de los pobladores, lo cual puede generar tensiones constantes, aunque de baja intensidad. Tal es el caso de estaciones como Sacha en San Carlos que, a medida que se ampliaron, generaron una imagen de desolación, como resultado de la progresiva invasión por el ruido, el mal olor, los mecheros y las tuberías oxidadas a la vista.
Ahora bien, en varias zonas del norte de la RAE, subsisten conflictos latentes o de baja intensidad, que pueden desembocar en medidas de hecho o en conflictos abiertos cuando se reinician las operaciones en estas zonas. Además, la presencia de núcleos de organizaciones sociales, ampliados y consolidados por la existencia del conflicto alrededor de la herencia dejada por Texaco, contribuye a mediatizar los impactos socio-ambientales negativos, producidos por la industria petrolera desde los años setenta. Cierto es que las condiciones de precariedad que afectan a la población amazónica constituyen todavía el marco de relaciones de poder extremadamente desequilibradas. Sin embargo, los actores locales demuestran una creciente capacidad de presión y negociación con la empresa estatal, reforzada por su creciente capacidad de interpelación del Estado ecuatoriano, a través de la opinión pública nacional e internacional.
Al respeto, con la llegada al Ecuador de la demanda contra Chevrón Texaco -aceptada por el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, el 13 de mayo 2003- el "caso Texaco" se volvió un referente imprescindible para entender los conflictos ambientales actuales en toda la RAE y hasta en otros países amazónicos. Por supuesto, no es el primer conflicto ambiental mediatizado a escala internacional que estalló en Ecuador: basta con recordar el conflicto entre la Organización de los pueblos indígenas del Pastaza (OPIP) y Arco-AGIP, que arrancó en 1989 con la exploración sísmica del bloque 10 (Pastaza), o la "campaña Amazonía por la vida" lanzada en 1990 para la defensa del Parque Yasuní. En todos ellos, siempre hubo un efecto demostrativo excepcional. Los ecologistas radicales ven "el caso Texaco" no solo como una "clave para cuestionar el modelo petrolero en el Ecuador" sino que destacan, además de sus aspectos judiciales, que éste abarca la organización y la educación popular en las comunidades amazónicas y el compromiso del Estado ecuatoriano (Ramos 2000:228, Jezic 2001:185). Por ello, el "caso Texaco" se volvió un referente constante en los conflictos ambientales que estallaron en el centro y en el sur de la región, alrededor de Sarayacu y del Transcutucú (bloques 23 y 24).7 Por lo tanto, lo más probable es que seguirá siendo el telón de fondo de las próximas rondas de licitación petrolera anunciadas por el Estado ecuatoriano, incluso en el megaproyecto ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), para el cual se busca una alianza estratégica con el sector privado.
Hemos subrayado en otra parte que los conflictos socio-ambientales en el norte de la RAE se desarrollan en un contexto de pobreza endémica y falta de integración al ámbito nacional (Fontaine 2003a). A ello se agrega el déficit de gobernabilidad democrática cuyas características merecen ser recordadas aquí.8 Asumimos, siguiendo a Camou (2001:39), que hay un déficit de gobernabilidad cuando las demandas de la sociedad y las respuestas del sistema institucional entran en desequilibrio crónico, lo que se traduce por la aparición de "anomalías" percibidas como inaceptables por los actores organizados, que amenazan la estabilidad institucional por la presión política. Una situación de crisis de gobernabilidad surge cuando aquellas anomalías se multiplican y constituyen "un conjunto de desequilibrios inesperados y/o intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales".
En su dimensión política, se traduce por la falta de eficiencia del sistema institucional.9 Señales de ello son la confusa división o la superposición de competencias entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la ineficiencia de los mecanismos de control y la insuficiente responsabilidad del Estado frente a la ciudadanía. Por ejemplo, es notoria la dificultad de acceder (cuando existen) a los informes de monitoreo ambiental de la Dirección nacional de protección ambiental. También es conocido el control del Ministerio de Energía y Minas en materia ambiental, para la validación de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental de las empresas, salvo en áreas protegidas (que son del dominio del ministerio del Ambiente). A ello se agrega la falta de coherencia de las políticas públicas entre sí, particularmente tajante en el caso de las políticas energética y extractiva, ambiental y neoindigenista, como lo muestra la superposición de áreas protegidas, territorios indígenas legalizados y bloques petroleros en la Reserva Cuyabeno y el Parque Yasuní. Por último, es patente la inoperancia de la administración local del desarrollo y la incapacidad del ECORAE de canalizar los recursos procedentes de la renta petrolera para fomentar un modelo de desarrollo sostenible a escala regional y local (Andrade 2004).
En lo económico, la crisis de gobernabilidad se traduce ante todo por la excesiva dependencia hacia los ingresos de las actividades petroleras en Ecuador (por parte del Estado central y los organismos seccionales), la conformación de economías de enclave y la insuficiente integración de la RAE al mercado nacional. Se traduce también por la privatización de la política social, es decir, la delegación de responsabilidades sociales a las empresas (públicas y privadas). Esta política se opone a la falta de autonomía financiera de Petroecuador, que desemboca en presupuestos operativos restringidos para enfrentar la crisis ambiental y social en la cual está sumergida la población del norte de la RAE.
En lo social, es notoria la persistencia de la pobreza y las patologías sociales, que 32 años de explotación petrolera sólo han profundizado. Otro factor de crisis de gobernabilidad democrática en este ámbito es la falta de autonomía de los movimientos sociales frente a los poderes locales, así como la falta de actores estratégicos encargados legítimamente de representar los intereses colectivos de las poblaciones afectadas por las actividades petroleras, a excepción notable del Frente de Defensa de la Amazonía, con sus 17 organizaciones miembros de primer y segundo grado.
Finalmente, en su dimensión ética, cabe mencionar el clientelismo, el nepotismo y la corrupción, que obstaculizan el ejercicio de la democracia, tanto al nivel local como al nivel regional. Pero el mayor problema es la fragilidad del tejido social y la ausencia de una verdadera identidad regional, asumida por las poblaciones. Este fenómeno, diagnosticado por el Consejo Provincial de Sucumbíos (2002), contrasta con la importancia de la problemática territorial y la vitalidad de las reivindicaciones identitarias planteadas por las organizaciones indígenas amazónicas desde los ochenta.
Al fin y al cabo, la falta de respuesta por parte de la industria petrolera y del Estado ecuatoriano a las demandas de la sociedad civil por una política ambiental responsable y por una política social equitativa conlleva la radicalización de los conflictos ambientales, que suele acompañarse de la militarización de los espacios de confrontación. Frente a los impactos negativos generados por las actividades petroleras en el norte de la RAE, la posición de los movimientos indígenas y ecologistas se cristaliza en torno a la defensa territorial y la exigencia de una moratoria a aquellas actividades en el centro y el sur. En ese contexto, la política petrolera del Estado debe evolucionar, so pena de dar cabida a una crisis de gobernabilidad.
Conclusión: la paradoja de la negociación "eficiente"
La multiplicidad de los actas firmados por las Oficinas de relaciones comunitarias y de asesoría legal de Petroproducción, junto con los convenios de la GPA de Petroecuador, contribuye a explicar la baja polarización de los conflictos ambientales comparado con el alto riesgo ambiental en Sacha y Shushufindi. La importancia de las actas de indemnización, comparado con los de compensación, demuestra una preferencia por el tratamiento individual de los conflictos, frente a un tratamiento colectivo o comunitario. Ello confirma que las relaciones comunitarias de Petroecuador siguen basadas en técnicas de mitigación y resolución de los conflictos, sin real planificación a escala regional. No se revirtió esta práctica con la conversión de la UPA de Petroecuador en Gerencia, a pesar de la importancia del presupuesto manejado por esta entidad (más de 20 millones de dólares en 2003).
Al fin y al cabo, la multiplicación de acuerdos o convenios que conlleva la negociación caso por caso no garantiza la "paz social" a un Estado y a una industria que padecen de una imagen generalmente negativa entre la población amazónica y se volvieron el blanco de los movimientos ecologistas e indígenas.
Por otro lado, la aplicación de un modelo de relaciones comunitarias de corte asistencial y contingente impide a la población local participar de los supuestos beneficios socioeconómicos de las actividades petroleras, aunque ésta siga sufriendo sus impactos sociales y ambientales negativos. En este sentido, el manejo de conflictos por las diferentes unidades de Petroecuador implicadas puede ser "eficiente" a corto plazo pero es inoperante a largo plazo. Este efecto perverso de los mecanismos de negociación caso por caso, es una clave esencial para entender la radicalización de los conflictos ambientales en el país. Por último, se vuelve un factor de crisis de gobernabilidad democrática, no sólo al obstaculizar la armonización de las políticas públicas hacia un modelo de desarrollo sostenible, sino también al impedir la participación de la sociedad civil en la definición del mismo.
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Notas
1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el “Segundo Encuentro de Ecuatorianistas de LASA. Mesa 24: Gobernabilidad democrática y desarrollo sostenible” (Quito, 26/06/2004). Estoy muy agradecido del equipo del Observatorio Socio Ambiental, en particular Karen Andrade, María Cristina Jarrín, Santiago Vallejo y Diego Sánchez, que me ayudaron a levantar y sistematizar la información de campo que ampara esta investigación. Agradezco también a Edmundo Guerra, Iván Narváez y Fredy Rivera por sus comentarios. Las interpretaciones y los posibles errores son de mi responsabilidad exclusiva.
2 En 2001, Shushufindi produjo 24,3 millones de barriles y Sacha 16,5 millones (OSA, 2003).
3 Definimos el nivel de riesgo ambiental, como la correlación entre cuatro factores en una determinada zona: la presencia de piscinas, la frecuencia de derrames, el volumen de crudo derramado y el volumen de crudo no recuperado.
4 Definimos el nivel de manejo de conflictos relacionados con la contaminación como la correlación entre los acuerdos de indemnización por contaminación, muerte o enfermedad de animales. Estos acuerdos resultan a menudo de conflictos con los afectados, mientras que el precio del derecho de servidumbre resulta en general de procesos de negociación de tipo comercial.
5 Base 100 = promedio por parroquia del área de estudio.
6 Coeficiente 1 = nivel promedio por parroquia del Distrito Amazónico.
7 Por un análisis de estos conflictos, Cf. Varios autores, 2002; López, 2004.
8 Para un análisis más amplio de la relación entre política petrolera y crisis de gobernabilidad en Ecuador, Cf. Fontaine, 2003: 89-142.
9 Este aspecto corresponde a la crisis de "governance" en la literatura anglosajona, cuya traducción adecuada al español es "gobernanza". (Cf. Solà, 2000)
Como citar este documento: Soria, Carlos. Camisea: ¿por qué cuesta tanto el gas barato?. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21soria.pdf
Resumen:
Abstract:
Descriptores Tematicos: AMAZONIA; GAS; INDIGENAS; POLITICAS; DERECHOS HUMANOS; PERU; yacimientos de gas; politica gubernamental; comunidades rurales; empresas privadas; sociedad civil; movimientos sociales; banca internacional; bid; banco interamericano de desarrollo; medio ambiente; proteccion ambiental
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Camisea: ¿por qué cuesta tanto el gas barato?
Carlos Soria. Ph.D. por The Flinders University of South Australia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Email: carsoria@ec-red.com
"No todo desarrollo es bueno para los pobres" Padre Gastón Garatea 1
El yacimiento de gas de Camisea fue descubierto durante la segunda mitad de los 1980, durante los difíciles años del gobierno de Alan García (1985-1990). Un primer acuerdo exploratorio por 3.500 millones de dólares con Royal Dutch Shell no llegó a concretarse. Finalmente, el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP) conformado por las empresas Tecgas N. V., Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Pipeline Company of Peru L. L. C., S K Corporation, Sonatrach y Graña y Montero S. A. se adjudicó el proyecto con una inversión comprometida de 1.600 millones de dólares2. Esos 2.000 millones de diferencia entre ambas inversiones explican en buena medida el amplio margen de utilidad, así como el amplio conjunto de externalidades negativas que el proyecto traslada a la cuenta del ambiente, los pueblos indígenas y las poblaciones locales. Este artículo presenta algunos de estos casos, registrados por consultores independientes, así como por funcionarios del propio gobierno peruano.
En primer lugar tan sólo AIDESEP3 y algunas organizaciones ambientales norteamericanas como Rainforest Action Network y Amazon Alliance se han opuesto al proyecto Camisea. Mientras que el resto de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales han aceptado la necesidad e importancia del proyecto, pero han discrepado con la forma de su implementación y con las externalidades negativas del mismo que han sido abusivamente cargadas a la cuenta de los actores más débiles en el proceso.
El proceso de implementación ha estado caracterizado por una política de hechos consumados y de discurso ambiguo en temas ambientales que, en la práctica, ha dejado de lado la cautela del ambiente y de la población. Como en otros conflictos socioambientales la generalidad de las afirmaciones se incrementa en la medida que se incrementa la jerarquía del funcionario que la plantea. Así se ha pasado de las afirmaciones detalladas de problemas específicos por parte de las organizaciones críticas al proyecto, a las afirmaciones de la empresa, el Ministro de Energía y Minas o el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre que el proyecto cumple con los estándares internacionales para el caso (claro que sin decir que la legislación peruana es débil y que el Estado no financia adecuadamente la supervisión de la misma).
La sociedad civil se ha dividido entre algunos críticos al proyecto como AIDESEP, el Foro Ecológico, el Foro Ciudades para la Vida y la Sociedad Nacional del Ambiente, entre otros, y unas más conciliadoras, que implementan componentes del proyecto como CONAP4, Pro Naturaleza y la Red Ambiental Peruana. Esta alineación de fuerzas, por demás débil, es aún más débil si se considera que los críticos al proyecto han estado divididos por el interés de AIDESEP de ser el vocero único de los mismos, a lo que Foro Ecológico planteó que los enfoques indígena y ambiental eran complementarios.
Pero definitivamente el impacto más grave viene por el lado de las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. En un texto ya clásico, Jean Jackson señala que existen cuatro tipos de efectos negativos en la relación entre Estado y sociedades a pequeña escala, es decir, aquellos grupos de cazadores-recolectores, con baja densidad poblacional, carentes de estratificación y centralidad política, que practican la horticultura. Esos efectos son la exterminación y el genocidio5; la pérdida de las actividades económicas propias del sistema de autosubsistencia y del control en la autonomía, especialmente respecto de los derechos sobre la tierra y los recursos naturales; la ruptura del equilibrio poblacional y el deterioro en la salud; la reducción de la autonomía cultural y autodeterminación (Jackson 1984).
En una carta previa al cierre financiero del préstamo del BID6 el Foro Ecológico7 señaló:
"[Después de] contrastar las aseveraciones del informe de cumplimiento [...] estamos en condiciones de afirmar que hay serias deficiencias tanto en el comportamiento del BID, del Gobierno del Perú, a través de las varias agencias y niveles del Estado que participan, así como por parte de las varias empresas del consorcio del Gas de Camisea".8
Las críticas al BID y su préstamo al gobierno del Perú se centraron en que "ni un solo dólar de los 5 millones" que pagarán todos los peruanos se destinó a fortalecer las capacidades de la sociedad civil peruana, o a estimular su coordinación y participación, siendo el caso que los recursos del préstamo se han destinado a agencias estatales para compra de software, camionetas 4x4 y otros. Más aún, en julio de 2004, con la llegada del cierre del financiamiento, las ONG peruanas financiaron sus reuniones de coordinación y su capacidad de propuesta sin recibir el apoyo del préstamo del BID, del consorcio Gas de Camisea9 o del Grupo técnico de cooperación interinstitucional (GTCI)10 éste ultimo creado para mejorar, entre otros, la relación con la sociedad civil. Peor aún, las condiciones del BID no incluyen un monitoreo de biodiversidad, condición mínima de un proyecto que implica impactos directos sobre cinco áreas naturales protegidas y reservas territoriales indígenas.
Un segundo grupo de críticas del Foro Ecológico se orientó al gobierno del Perú y sus agencias, pues el Presidente Toledo y su Ministro de Energía y Minas aseguraron en todo momento que el gas de Camisea llegaría a Lima el 9 de agosto de 2004, lo que implicó una marcha forzada del proyecto. Esto redundó en que quienes plantearon observaciones por los incumplimientos al estudio de impacto ambiental (EIA) han sido despedidos o forzados a renunciar.11 Más aún, el GTCI no ha sido un espacio de debate y reflexión sobre el comportamiento del Estado en la ejecución del proyecto, sino que ha funcionado como una oficina de coordinación del Ministerio de Energía y Minas, para asegurar que el proyecto no fuera entorpecido por las múltiples agencias y sectores con competencias sobre el proyecto.
Un tercer grupo de críticas del Foro Ecológico se refiere a TGP, Pluspetrol y las subcontratistas empresas que han presionado a los funcionarios para que no opinen en contra del proyecto y cuando así lo han hecho para que su información no se difunda en el sitio web oficial del proyecto12. Por ejemplo, el informe del Ministerio de Salud sobre los fallecimientos entre las poblaciones de la Reserva Nahua-Kugapakori y las poblaciones Machiguenga del Bajo Urubamba no fue aceptado para ser publicado en la pagina web del proyecto y sólo se publicó en Internet en el portal de AIDESEP13. Por otro lado, el ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA de la planta de gas de Pluspetrol señalando en la selección de sitio que Playa Loberia en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas era el único sitio posible en toda la costa peruana después de considerara 17 posibles sitios, incluyendo Playa Melchorita. Unos meses después al considerar la propuesta de Hunt Oil para otra planta de gas, esta vez en Playa Melchorita, en la selección de sitio se dice nuevamente que es el único sitio posible en toda la costa peruana después de considerar a 17 posibles sitios. Peor aun, Pluspetrol descartó el diseño de ingeniería ahora aprobado para Hunt Oil.
Finalmente, las compensaciones han sido forzadas sobre la población sin darle oportunidad de recibir asesoría legal o contable para evaluar los impactos que se les compensaba. Algunos afectados han sido discriminados por organizar a la población para defenderse. Ese es el caso de Ángel Bautista a quien solo se le compensó por uno de los tres conceptos14 que se compensó a los demás.
El "Informe Caffrey" manifiesta que el objetivo del personal de relaciones comunitarias de las empresas del consorcio era negociar las cantidades de compensación, comunidad por comunidad (Caffrey 2002). Durante febrero y marzo, Pluspetrol, TGP y Techint presionaron a cada comunidad para que firmara acuerdos de compensación. El proceso, los cálculos, los documentos legales y técnicos eran muy complejos, por lo que, según Caffrey:
"[Las negociaciones] han agobiado a las comunidades indígenas creando un ambiente de confusión, tensión y competencia. Las comunidades no están preparadas para responder a las tácticas eurocéntricas de negociación utilizadas por los abogados y gestores de las compañías que las han visitado. Dichas comunidades carecen de asistencia técnica y legal adecuada para tomar decisiones informadas. El proceso de negociación es completamente inapropiado e injusto. Las compañías han dictado los términos de negociación y las comunidades se sienten presionadas a responder aunque no entiendan completamente los términos o las propuestas de las compañías no sean suficientemente adecuadas" (Caffrey 2002)
En otro caso, Caffrey relata una carta de un acuerdo entre Techint y la comunidad Chokoriari, en el Bajo Urubamba, por el uso de dos hectáreas para un campamento de trabajadores. Esta carta tenía cláusulas que obligarían a la comunidad a hacer cosas que no habían sido consultadas a la comunidad. Estos documentos y la percepción de las comunidades sobre el proceso subrayan el hecho de que sus derechos para efectuar un consentimiento informado y libre han sido y continuarán siendo violados si no se crean cambios significativos.
Por su parte, los comisionados de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, Cusco, Huancavelica e Ica visitaron las zonas del tendido del gasoducto. Recibieron quejas de ciudadanos y comunidades y reportaron:
"En la zona andina de Ayacucho y Huancavelica se presentaron problemas ambientales (tala de árboles frutales y madereros; daño a pastos naturales por excavación de zanjas y por derrame de líquidos químicos tóxicos; migración y muerte de animales silvestres por uso de explosivos; destrucción de piscigranjas y fuentes de agua; alteración y depredación de flora y fauna; alteración del paisaje natural; contaminación de agua, suelo y aire, así como contaminación sonora), problemas socio-económicos (afectación de las vías de comunicación terrestre hacia las comunidades; generación de conflictos internos dentro de las comunidades por los acuerdos suscritos por sus dirigentes; la contratación de dirigentes en el proyecto Camisea debilitó la capacidad de negociación y reclamación de las comunidades; conflictos entre las comunidades por acceder a trabajo en el Proyecto Camisea; no se respetó el derecho de consulta a las comunidades; inseguridad ciudadana por la llegada de foráneos; reclamos de madres solteras y niños/as no reconocidos por personal de empresas ejecutoras, por ejemplo, en el Distrito de San Miguel; contratación de mano de obra foránea y no de la zona; conflictos entre los comuneros debido a los insatisfactorios términos que aceptaron sus juntas directivas o dirigentes en la negociación de los acuerdos compensatorios con Techint en algunos casos los acuerdos se dieron sin participación de los comuneros afectados por el derecho de vía; falta de información de la comunidad, lo que hace que los comuneros no tengan capacidad para entrar en una negociación; desbalance de poder que afecta a los ciudadanos y comunidades en las negociaciones con las empresas Techint ó TGP; subevaluación de tierras para fines de compensación en los acuerdos por el derecho de vía; trato diferenciado para fijación del monto de la compensación en función al nivel de organización comunal; criterios no uniformes para determinar compensaciones; afectó ingresos económicos distribución inequitativa de regalías entre las regiones; elevación del costo de vida; incremento de enfermedades respiratorias y de transmisión sexual; destrucción de sitios arqueológicos encontrados en la ruta del gasoducto) y problemas político-institucionales (ausencia de entidades estatales que supervisen las operaciones de tendido de la tubería y el cumplimiento de acuerdos; falta de recursos y capacidad de respuesta de las instituciones del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos; deficiente manejo de la problemática local por las entidades reguladoras del Estado; insuficiencia de mecanismos regulares de reclamación; indefinición de competencias entre entidades reguladoras; desconocimiento e inoperancia de las entidades reguladoras del Estado)"15.
En la zona amazónica de Cusco, Alto y Bajo Urubamba se han presentado problemas ambientales: migración de aves y peces por contaminación sonora, de aguas y tala de bosques, afectación de la fauna y biodiversidad en general. Se acompañaron de problemas socio-económicos: falta de información de las comunidades nativas sobre los EIA, inseguridad ciudadana por llegada de migrantes, mujeres infectadas con enfermedades de transmisión sexual (sífilis), falta de asesoramiento a las comunidades y ciudadanos para afrontar las negociaciones con las empresas del consorcio, cambio de las costumbres y pérdida de identidad de los pueblos amazónicos, cambio de los patrones extractivos de los recursos naturales; falta de titulación de tierras, surgimiento de nuevas enfermedades en la zona y muertes por enfermedades (gripe, sífilis), cambio de hábitos alimenticios en la población nativa, migración de colonos y exclusión de los nativos de sus zonas de influencia; invasión de tierras de pueblos amazónicos por colonos, incremento en el consumo de alcohol; cambios en los roles familiares productivos ( los varones salen a trabajar para las actividades del proyecto Camisea y las mujeres asumen las labores económicas que anteriormente asumían los varones), presencia de comerciantes en la zona del proyecto, presencia de prostitución, ingreso de migrantes y foráneos aumenta presión sobre los recursos naturales, asimetría en el manejo de la negociación por falta de información de los ciudadanos y las comunidades, discriminación laboral (extranjeros obtienen mayores ingresos por el mismo trabajo que realizan los trabajadores locales o nacionales y se prefiere a recomendados o parientes de autoridades locales al contratar mano de obra), invasión de tierras en el paso del gasoducto para obtener compensaciones por el derecho de vía). También hay problemas político-institucionales: afán protagónico de los gobiernos locales y regionales por el posible manejo de recursos provenientes de las rentas de las actividades del proyecto Camisea, falta de coordinación entre las autoridades para resolver reclamos de los ciudadanos, discrepancia entre las organizaciones que representan o protegen los derechos de los pueblos amazónicos sobre temas vinculados al Proyecto Camisea la estatal CONAPAAA16 y las indígenas AIDESEP, COMARU17 y CONAP).
En la vertiente occidental de los Andes, departamento de Ica se han presentado problemas ambientales: contaminación de aguas del río Pisco, afectación al ecosistema del camarón de río, ubicación de la planta de fraccionamiento de líquido de gas natural en la playa Lobería (en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas), contaminación
Gonzalo Vargas
sonora producida por las actividades de buques, la planta de fraccionamiento, camiones y maquinaria en general, alteración de los ciclos de migración de aves que visitan la reserva, incremento de buques en la bahía de Paracas puede afectar las labores de pescadores artesanales y aumentar las probabilidades de colisiones y contaminación de las aguas marinas. También hay problemas socio-económicos: afectación a asociaciones de recolectores de camarón del río Pisco, potencial afectación de las actividades turísticas de dañarse el ambiente de la Reserva Nacional de Paracas y posible incremento de industrias y empresas asentadas en la zona de amortiguamiento de la reserva.
En Lima, ciudadanos de la zona sur de Lima (Papa León XIII) se quejan de no haber sido informados con anticipación de las obras que se realizarán para tender la tubería de gas hacia Lima. Por otro lado, ciudadanos de la zona Lurín Pachacamac, luego de hacer un seguimiento del tendido de la red principal de gas, han denunciado incumplimientos de los compromisos asumidos en el EIA como que el gasoducto principal da curvas de 90º cuando no debería hacerlo18, el conducto no cumple con estar forrado con polietileno desde su fabricación, lo que ha causado que mientras esperaba ser enterrado ya mostrara efectos de la corrosión salina ello se agrava si se considera que los suelos de la zona muestran un ciclo de ascenso y descenso de aguas salinas del subsuelo.
De manera más especifica Iván Brehaut, un consultor contratado por el GTCI para revisar el tema de las compensaciones, señala debilidades de las federaciones para poder asimilar un proceso legal y de valorización económica, pues la sola presencia de las federaciones en los procesos de negociación no es garantía de un proceso equilibrado entre empresas y comunidades, como tampoco la participación de las ONG que no están facultadas a intervenir en contratos privados. Ninguna negociación puede ser equitativa si los términos de la misma, así como las escalas de valorización, no son abiertamente discutidas con los diferentes actores del proceso, comunidades, federaciones, empresa y Estado, lo que no ha ocurrido en el caso. La información sobre los procedimientos para establecer compensaciones no puede ser información reservada. Negociar las compensaciones únicamente al nivel de comunidad no es lo más conveniente, aunque algunas de las comunidades así lo hayan deseado e impuesto; antes de iniciar las negociaciones, los actores deberían haber definido criterios para guiar los acuerdos y garantizar estándares mínimos para la compensación, así como garantizar la asesoría legal y técnica necesaria para las comunidades en el caso de la comunidad de Huancano, Ica, los campesinos fueron instruidos de no solicitar consejo legal ni enseñar la propuesta a nadie-. Las autoridades y organizaciones que participan en acuerdos de compensación, como observadores o asesores, deberían elaborar un informe en donde se plasme su opinión respecto a la equidad del proceso y de los acuerdos. Existen serios cuestionamientos a los procesos de compensación desarrollados por TGP en el Alto Urubamba, así como por el uso de valorizaciones diferentes a las de CONATA19, como oficialmente se comprometió ante el Estado. Brehaut concluye que el Estado debería revisar la valorización de las servidumbres y el proceso de negociación de compensaciones aplicado por TGP (Brehaut 2004).
Que el ministerio de Energía y Minas se comporte como lo ha hecho y favorezca la estrategia de hechos consumados de "Camisea como sea" no sorprende, pero que el BID haga oídos sordos a propuestas concretas para corregir estos defectos, sí nos desilusiona de la idoneidad de estos organismos para evaluar el impacto ambiental de los proyectos que ellos financian. Para mostrar un ejemplo, en su carta el Foro Ecológico planteó:
"Que el equipo ambiental del BID con participación de la sociedad civil peruana pueda participar de una visita de inspección a todo el trayecto del gas de Camisea, no sólo en sobrevuelo sino con visitas de campo, como requisito fundamental para dar paso al cierre del financiamiento. Que se realice una auditoria independiente, que ayude a prevenir impactos para los próximos 32 años del proyecto. Que se convoque a la sociedad civil y al GTCI a proponer estándares de calidad en la gestión de dicho proyecto. Que se provea acceso a toda la información de monitoreo. Que se financie la participación de la sociedad civil peruana en el proyecto y su monitoreo."
El BID contestó a través de su responsable para asuntos ambientales señalando de manera general que se había dado adecuado seguimiento al tema ambiental, pero sin contestar de manera especifica ninguno de los cinco puntos planteados como requisitos para el cierre de préstamo. ¿De qué sirve que el BID tenga un departamento de temas ambientales y unas políticas ambientales, si cuando llega la implementación de los proyectos que financia se deja arrastrar por las políticas de hechos consumados, que en el caso Camisea han hecho que las infracciones al EIA original no sean sancionadas sino que se convirtieron en "una modificación al EIA" -que fuera aprobada después de que ya habían ocurrido los hechos que supuestamente este documento "preveía"-?
No resulta extraño, entonces, que la población no confié en la seriedad de la intervención del BID y los mecanismos nacionales de fiscalización que intervienen en estos proyectos, como el OSINERG y, menos aun, en el Ministerio de Energía y Minas. Estos casos no hacen sino confirmar la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil como vehículo para el diálogo entre la sociedad, el Estado y las empresas sobre la oportunidad del desarrollo. Ha llegado la hora de crear en el BID un auditor ambiental y social, que reporte a un consejo tripartito de sociedad civil, pueblos indígenas y banca multilateral.
Bibliografía
BID, 2004a, "BID aprueba 135 millones de dólares para proyecto de gas natural de Camisea de Perú. Financiamiento de una de las inversiones más importantes en la historia de Perú", Comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2003, www.iadb.org/NEWS/Display/PRView.cfm?PR_Num=164_03&BID y TGP firman financiamiento de $75 millones para proyecto de gas natural Camisea. Inversión histórica reportará importantes beneficios económicos y sociales al Perú", Comunicado de prensa, 30 de agosto de 2004, www.iadb. o r g / N EW S / D I S P L AY / P R Pr i n t . c f m ? P R _ Nu m = 1 8 3 _ 0 4 &n, 2004, "Informe final de consultoría, diagnóstico de los procedimientos de compensación a las comunidades nativas del ámbito del proyecto Camisea", Ministerio de Energía y Minas y Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional.
Caffrey, Patricia B., 2002 (abril), "Estudio Ambiental y Social Independiente del Proyecto de Gas Camisea, elaborado por encargo de AIDESEP y COMARU", www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea/reports/camisea_ind_study_020506_esp.pdf/
Jackson, Jean, 1984, "The Impact of the State on Small-Scale Societies" in: "Studies in Comparative International Development", XIX, 2, Summer: 3-32.
PERUPETRO, 2004, "Contratación del Proyecto Camisea", http://mirror.perupetro.com.pe/camisea05-s.asp/
Notas
1 Presidente de la Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza.
2 "Otorgan a Transportadora de Gas del Perú S.A. la concesión de transporte de gas natural por conductos de Camisea al City Gate en Lima", Resolución Suprema 101-2000-EM (06/12/2000).
3 Asociación interétnica de desarrollo de la selva per uana.
4 Confederación de nacionalidades amazónicas del Perú.
5 Sobre el tema, merece un tratamiento aparte el caso de la salud de los pueblos en aislamiento voluntario en el caso Camisea, donde el propio Ministerio de Salud reconoce que se han producido muertes.
6 La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa encargada del transporte de gas natural y líquidos desde Camisea a la costa, realizó una solicitud de financiamiento al BID y a la Corporación Andina de Fomento (CAF). Dicha solicitud de préstamo fue aprobada por ambos directorios requiriendo una serie de condiciones que deben ser satisfechas antes de la firma del préstamo o cierre financiero y/o cumplidas a lo largo del préstamo. El consorcio ha publicado el estado del cumplimiento en http://www.camisea.com.pe/esp/estados.asp/ Organizaciones de la sociedad civil desde Conservación Internacional y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hasta Foro Ecológico están descontentos con este reporte y solicitaron a Antonio Salas y Luisa Elvira Belaunde, evaluar una revisión del mismo consultado a las organizaciones indígenas presentes en el caso. Dicho reporte fue presentado en un taller que dio motivo a que las diferentes organizaciones se pronunciaran manifestando su descontento con el cierre del proyecto. La carta del Foro Ecológico que se cita en este artículo se origina en dicho contexto. El financiamiento del BID consiste en un préstamo de 75 millones de dólares, del capital ordinario (préstamo A) por un plazo de hasta 14 años, y un préstamo sindicado de hasta 60 millones de dólares (préstamo B) por un plazo de hasta 12 años, cuyos recursos provienen de instituciones financieras que suscriben acuerdos de participación con el BID. La tasa de interés en ambos préstamos será equivalente a las tasas del mercado del sector privado (BID 2004). En diciembre de 2002 el BID aprobó un préstamo de 5 millones de dólares al gobierno peruano para fortalecer la capacidad institucional de las agencias gubernamentales para inspeccionar, supervisar y vigilar las medidas de mitigación ambiental y social y los impactos del proyecto de Camisea, así como tomar acciones adicionales que atenúen los impactos ambientales y sociales.
7 El Foro Ecológico del Perú surgió como un espacio de debate de políticas ambientales en el contexto de la pre temporada electoral de 1995. A partir de entonces se ha ido consolidando como una red nacional de ONG, ciudadanos y organizaciones de bases, interesados en promover el desarrollo sostenible del Perú. En su última Asamblea, en 2001, participaron más de 1200 miembros y unas 250 organizaciones.
8 Carta del 26 de Julio de 2004 dirigida por Julio Díaz Palacios, Presidente del Foro Ecológico del Perú, a Enrique Iglesias, Presidente del BID, sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el banco al Proyecto del Gas de Camisea. En esta carta el Foro Ecológico señalaba que no había recibido respuesta a ninguna de las cartas dirigidas al BID hasta entonces. El módulo de transporte del gas y de los líquidos del gas desde Camisea hasta la costa y la distribución del gas en Lima y Callao fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Techint (Argentina), Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. (Corea), Sonatrach (Argelia) y Graña y Montero (Perú) y los correspondientes contratos de concesión fueron firmados el 9 de diciembre del 2000.
9 El esquema diseñado para el desarrollo del proyecto comprendió dos módulos que fueron ofrecidos en la modalidad de proyectos integrales, lo cual significa que se fijaron los parámetros objetivos a cumplir y se dejó en manos de los inversionistas la decisión y flexibilidad para elegir los detalles técnicos de diseño, construcción y operación, dentro del cumplimiento de las normas vigentes en el país. Así el primer módulo del proyecto es el de explotación de los yacimientos de gas de Camisea y el segundo el de transporte del gas y de los líquidos del gas desde Camisea hasta la costa y la distribución del gas en Lima y Callao. El módulo de explotación de hidrocarburos en el lote 88 Yacimientos de Gas de Camisea fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. (Corea) e Hidrocarburos Andinos (Argentina) y el correspondiente contrato de licencia fue firmado el 9 de diciembre del 2000. El módulo de transporte del gas y de los líquidos del gas desde Camisea hasta la costa y la distribución del gas en Lima y Callao fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Techint (Argentina), Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. (Corea), Sonatrach (Argelia) y Graña y Montero (Perú) y los correspondientes contratos de concesión fueron firmados el 9 de diciembre del 2000.
10 Mediante el Decreto Supremo 120 - 2002 - PCM el gobierno creó el GTCI Camisea, con la finalidad de coordinar y fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y fiscalización de los aspectos ambientales y sociales derivados de la ejecución del Proyecto Camisea. Este está conformado por el Organismo supervisor de la inversión de energía (OSINERG), el Ministerio de agricultura Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Comisión nacional de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos (CONAPAAA), el Consejo nacional del ambiente (CONAM), el Ministerio de salud Dirección general de salud ambiental (DIGESA), la Defensoría del pueblo, el Ministerio de transporte Dirección general de caminos, el Instituto nacional de desarrollo (INADE), el Ministerio de agricultura Programa especial de titulación de tierras, la Dirección general de capitanías y guardacostas en la marina (DICAPI), el Instituto nacional de cultura (INC) y el Ministerio de energía y minas Dirección general de asuntos ambientales (DGAA) y Dirección general de hidrocarburos (DGH).
Los objetivos del GTCI son : a. Garantizar la protección ambiental de las áreas del proyecto, coordinando la supervisión, monitoreo y fiscalización de aspectos ambientales y sociales. b. Contribuir a una visión de desarrollo sostenible de las comunidades y poblaciones del proyecto. c. Contribuir a preservar los valores étnicos y culturales de las comunidades y poblaciones del Proyecto Camisea. d. Ser contraparte gubernamental del Programa de Fortalecimiento Institucional y de Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los recursos del Tesoro Público.
11 Como uno de los directores del Instituto de Defensa Civil, que opinó a favor de realizar una evaluación multidisciplinaria del tendido de la red de gas en Lurín y Pachacamac, en vez de la evaluación de riesgos que ordenó su sucesor, así como funcionarios del GTCI, que han sido removidos por presión del Consorcio del Gas de Camisea
12 www.camisea.com.pe/
13 www.aidesep.org.pe/
14 Los contratos de compensación por derecho de vía, el derecho adquirido por TGP para utilizar una banda 25 metros de ancho a lo largo del gasoducto, comprendían tres conceptos: a. el daño directo a cultivos y propiedad dentro de los 25 metros, b. El lucro cesante por el periodo de producción, servicios y demás que se pierde por efecto de las obras de instalación del gasoducto, y c. el daño directo a cultivos y propiedad fuera de los 25 metros,
15 La relación original fue elaborada por el Dr. Iván Ormachea Choque.
16 Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.
17 Consejo Machiguenga del Río Urubamba.
18 Se trata de una línea principal del ducto con casi 1500 libras de presión por pulgada. La disposición es que las curvas deben tener un ángulo de 28 grados en vez de 90 grados, obviamente ello requiere mayor distancia para la curva, pero tratándose de una línea principal hay que evitar incrementos excesivos de la presión sobre la línea.
19 Consejo nacional de tasaciones.
Como citar este documento: Gavaldá Palacín, Marc. Los conflictos ambientales del gas boliviano. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21gavalda.pdf
Resumen:
Abstract:
Descriptores Tematicos: COMPANIA PETROLERA; GAS NATURAL; CONFLICTOS AMBIENTALES; GASODUCTO; TERRITORIOS INDIGENAS; BOLIVIA; recursos naturales; hidrocarburos; empresas transnacionales; proteccion ambiental; comunidades rurales; indigenas; propiedad de la tierra; politica gubernamental; legislacion; neoliberalismo; movimientos sociales
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Los conflictos ambientales del gas boliviano
Marc Gavaldá Palacín. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Colabora con la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba-Bolivia). Mail: guarapitu@cascall.org
En octubre de 2003, Bolivia amaneció sin presidente y con un saldo de 80 muertos y centenares de heridos de bala durante las movilizaciones conocidas como La Guerra del Gas. El descubrimiento de que el presidente Sánchez Losada había firmado un contrato de exportación de gas a Estados Unidos fue la chispa que prendió la mecha. Las empresas beneficiarias del contrato (Repsol, British Gas y BP) aguardaban silenciosas el desenlace del conflicto que les quitó de las manos la posibilidad de exportar los 13,42 trillones de pies cúbicos de gas a un precio de oferta. El proyecto del consorcio Pacific LNG pretendía licuar diariamente 30 millones de m3 de gas en las costas de Chile para venderlo a las termoeléctricas californianas de Sempra Energy obteniendo unos beneficios millonarios.
El vicepresidente Carlos Mesa tomó el mando del país, consiguiendo una tregua de las movilizaciones sociales con la promesa de iniciar un proceso de revisión de los contratos petroleros. Este proceso culminó con el referéndum de mayo de 2004, en el que el pueblo boliviano asiste con desencanto a una consulta que pretende "cambiar todo para que no cambie nada". En palabras del presidente Mesa: "No se pueden modificar los contratos con las petroleras porque esto es declarar la guerra al mundo".
Este artículo visualiza los primeros años del neoliberalismo petrolero en Bolivia. A diferencia de otros países como Ecuador y Colombia, la explotación petrolera en este país no arrancó en magnitud sino hasta la década de los noventa. Analizaremos el marco legal que fue impuesto por agentes externos para convertir a Bolivia en "pasto de transnacionales". Las concesiones petroleras invaden territorios indígenas y áreas protegidas. Por otro lado, repasaremos el desarrollo de los conflictos socio-ambientales de los mega-proyectos de gas detallando cómo las poblaciones se organizaron en defensa de su entorno inmediato y sus recursos mientras el estado asumió un rol defensor de los intereses extranjeros en contra de su propia población y territorio.
El ajuste estructural
En 17 años de neoliberalismo en Bolivia lo evidente es que el modelo ha fracasado, pues no ha resuelto los principales problemas de los bolivianos y más por el contrario ha empujado a más y más personas a la miseria extrema. Los diferentes gobiernos han aplicado incondicionalmente las recetas de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). Decreto a decreto, se ha desnacionalizado el país, que ha visto como sus empresas históricas, estructuradas con el ahorro interno de los trabajadores, pasaban a manos de transnacionales.
Se descuartiza el Estado
Durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997) se reformularon todas las leyes en base a los nuevos moldes de la Banca Multilateral. A este proceso se le llamó "ajuste estructural" y constituye uno de los hitos históricos en la pérdida de la soberanía nacional de Bolivia. Nunca, en tan poco tiempo, el país perdió tanto: el país se desprendió de todas las infraestructuras estatales, sus yacimientos y sus trabajadores.
El Estado también perdió su rol como ente regulador. Esto queda suficientemente reflejado en la nueva Ley del sistema de regulación sectorial, donde aparece la figura de las superintendencias.1 Estas instituciones fueron creadas por el Banco Mundial como gobiernos paralelos independientes del Estado para regular alguna actividad productiva del país. Son financiadas por el Banco Mundial y por las propias empresas a partes iguales, y amparadas en la Ley SIRESE; se les otorgan un poder por encima del propio Estado, o sea, son estructuras no democráticas de empresarios que se regulan a sí mismas. Y como se esperaba, desde su creación, la Superintendencia de hidrocarburos ha actuado como verdadero defensor de la impunidad petrolera.
La Ley de capitalización transfiere el ahorro interno boliviano (concentrado en la industria estatal) hacia las transnacionales.2 El primer paso consistió en hundir intencionadamente a las empresas estatales. Luego se cuantificaba su patrimonio y por último se ofreció las empresas a socios extranjeros, quienes se quedaron con el control de la empresa y el 50% de las acciones con la simple promesa de inversión de la misma cantidad que el patrimonio cuantificado. El otro 50% quedaría repartido entre todos los bolivianos a través de los fondos de pensiones, administrados también por bancos extranjeros. En total, se pagó 835 millones de dólares por una empresa cuyos activos alcanzaban 1.105 millones de dólares. Las reservas probadas eran de 161 millones de barriles, es decir, 4.830 millones de dólares, al precio de 30 dólares / barril. Esta cantidad es superior a la deuda externa del país. Además fueron entregados gratuitamente a las empresas Chaco y Andina, 6 trillones de pies cúbicos de gas en reservas probadas. (Mariaca 2000).
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue dividida en cuatro, y repartida a tres consorcios extranjeros provenientes de España, Estados Unidos y Holanda. Momentáneamente se dejó las refinerías (YPFB Residual) en manos de los antiguos operarios de YPFB, para en 1999 ser privatizada.
Gonzalo Vargas
Nueva Ley de hidrocarburos
El 30 de abril de 1996 se aprobó la nueva Ley de hidrocarburos, que atraería inversiones, convirtiendo a Bolivia en un país petrolero. Los cambios fundamentales que introducía esta ley escrita en los despachos de una consultora de Washington son la rebaja de impuestos del 50% al 18% y la ampliación de las concesiones tanto en extensión (hasta 1,5 millón de ha) como en tiempo (40 años).
La asfixia total del ente estatal se produce con el Decreto Supremo 24806, del 4 de agosto de 1997 por el que se entrega la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales en boca de pozo. Bajo estas disposiciones se suscriben 78 joint ventures o contratos de riesgo compartido, por 40 años. El decreto fue abrogado por Carlos Mesa, con otro decreto en 2004, el que, al no tener carácter retroactivo, permite que el Decreto Supremo 24806 esté vigente en los próximos 36 años.
Petróleo, ¿riqueza o castigo?
Llegaron las transnacionales atraídas como moscas a la miel. El territorio subandino amazónico fue repartido sobre el mapa geológico. La protección de las cabeceras de ríos amazónicos y las frágiles culturas indígenas estaban de más en un cálculo que sólo entiende de barriles y metros cúbicos.
Transcurridos dos lustros, el pueblo boliviano ha comprendido el precio del engaño. El país fue despojado de sus empresas, la economía nacional se ha hundido y a pesar de la construcción de nuevos gasoductos y un aumento exponencial de las exportaciones de gas, el tesoro nacional sigue financiando a las transnacionales a costa de recortar los ya de por sí insuficientes presupuestos sociales. El petróleo parasitó la economía boliviana.
Conflictos socio-ambientales de la actividad petrolera
La industria petrolera no es limpia
Tanto las actividades exploratorias como productivas impactan seriamente en el ambiente. Para determinar la ubicación de los yacimientos hidrocarburíferos, la compañía realizará uno o varios proyectos de exploración sísmica sobre el territorio. Esto es, abrir sendas de dos metros de ancho por unos veinte kilómetros de longitud, donde enterraran y explotarán explosivos a 10 metros de profundidad que emitirán unas ondas cuyos ecos detectarán una línea de sismógrafos. Para tal efecto, habrá que no sólo deforestar los caminos sino construir campamentos móviles, helipuertos y zonas de descarga. Un proyecto símico simple puede necesitar entre 300 y 1000 km de longitud de brechas, 200 helipuertos y mil zonas de descarga. La exploración sísmica tiene impactos importantes en áreas boscosas tropicales, en cuanto son nuevas vías de acceso para la colonización, caza o tala de maderas nobles. A parte, las comunidades originarias son ocupadas por centenares de trabajadores foráneos que irrumpen con patrones de conducta occidentales, como la prostitución y el alcoholismo.
Ubicado el yacimiento, se iniciará la perforación escalonada de pozos exploratorios que, de resultar positivos, hipotecan durante por lo menos los siguientes 30 años la vida de las comunidades vecinas. Cuando la compañía abandona el territorio, deja tras de sí un paisaje deteriorado, deforestado y con un historial de derrames y accidentes. Las abundantes lluvias actúan de vectores de contaminación fluvial de cualquier charquito de productos químicos que haya quedado al descubierto. La industria petrolera limpia en ecosistemas tropicales no existe.
La superposición petrolera
La jerarquía legal que se estableció entorno a las leyes petroleras, que por su "interés nacional" prevalecían por encima de otras leyes o reglamentos "secundarios" como la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Reglamento ambiental del sector hidrocarburos o la Ley INRA, ha generado un estado de desprotección que vulnera tanto a extensas áreas de conservación biológica como amplios grupos poblacionales del país. Dice el artículo 1 de la Ley de hidrocarburos que "Todos los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable del Estado", el cual a través de contratos de riesgo compartido, los otorga a las empresas transnacionales. Donde pone "yacimientos" léase "subsuelo"... y ya tenemos el marco legal establecido que abre puertas a la ocupación de territorios. Si bien la superficie terrestre no es propiedad de las petroleras, sí les pertenece el subsuelo, que es lo mismo que decir que pueden operar ahí donde el sismógrafo indique presencia de hidrocarburos.
Además, las petroleras pueden expropiar vía derecho de servidumbre a las familias que habiten en cualquier predio donde abrir un camino, construir una planchada, helipuerto o campamento.
Áreas protegidas
En el país existen 21 áreas protegidas, con una extensión de 167.417 km2, que representan el 15,2% del territorio nacional, que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad petrolera. Esas zonas son ricas en biodiversidad, fauna, flora y en su territorio albergan a comunidades originarias que en todo el tiempo han vivido en una relación de sostenibilidad con los recursos.
En total, 11 áreas protegidas fueron invadidas por las empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica. En la región amazónica, las empresas petroleras se adjudicaron tres bloques (Río Hondo, Rurrenabaque y Tuichi) en el área protegida del parque Madidi y Pilón Lajas; el bloque Sécure en el parque nacional Isiboro Sécure; el Amboró Espejos en el parque nacional Amboró; Chimoré I en el parque nacional Carrasco. En la región chaqueña el parque nacional Serranía de Aguaragüe ha sido concesionado a empresas petroleras en los bloques San Alberto, San Antonio, Bereti y Tarija Oeste. En el parque nacional Sama operan las petroleras en el bloque Cambarí.
A parte, existen muchas regiones del país que no gozan de ninguna protección pero que su inaccesibilidad las ha conservado como bosques primarios no intervenidos. En el Beni, la serranía de Eva-Eva y Mosetenes están aún inexploradas; se sabe de la existencia de núcleos indígenas chimanes aún por contactar. En el departamento de Chuquisaca, la serranía de Iñao conserva manchas de bosque boliviano-tucumano que albergan una de las colonias más grandes de paraba frente-roja, endémica de Bolivia.
Lo cierto es que con protección o sin ella, son muchas y de gran alcance las áreas ecológicas que van a ser impactadas y degradadas irreversiblemente en Bolivia, si no se cambia la política fiscalizadora del Estado a las empresas petroleras.
Territorios indígenas
El conflicto indígena con las petroleras se enmarca en una de las intersecciones geográficas más habituales del país: el punto en que se cruza el derecho indígena con las concesiones hidrocarburíferas. Lo cierto es que existe una repetida coincidencia entre bloques de exploración hidrocarburífera y los territorios comunitarios de origen (TCO), lo cual no es extraño teniendo en cuenta que del total del territorio nacional, 611.100 km2 (un 55,6%) son de potencial hidrocarburífero (Orduna 2004). Entre otras, Repsol-YPF es de las que más territorios ha intervenido. La compañía tiene concesiones que se superponen a un total de 17 TCO repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los territorios de las etnias amazónicas chimanes, mosetenes y tacanas. A parte, la etnia nómada esse ejja, que recorre las playas del río Beni, también se verá afectada por las operaciones hidrocarburíferas, aunque no tiene un territorio titulado. El bloque Sécure atraviesa el territorio indígena multiétnico -donde conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés-, el territorio indígena chimán y el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, refugio ancestral de la etnia yurakaré.
La fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, al ser intervenidos, coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan. Su reducido número de habitantes y el escaso contacto los hace propensos a romper bruscamente sus actividades tradicionales, trabajar para la empresa con contratos temporales que introducen en las comunidades hábitos como el alcoholismo, el abandono de la familia o las actividades agrícolas y recolectoras. Cuando Repsol ingresó al interior del territorio chimán ofreció cepillos de dientes pretendiendo imponer costumbres higiénicas ajenas. En cambio, durante la construcción del primer pozo exploratorio, la empresa se dedicó a comprar las piezas de caza que los hombres de la comunidad cazaban para alimentar a los suyos. Desde entonces, ya no cazaban para la subsistencia sino para vender las piezas a la compañía y comprar alcohol a los comerciantes que entraban a vender productos al campamento petrolero.
En la región chaqueña, Repsol invade varios TCO de la etnia guaraní, como Charagua Norte, Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios, ubicados en la llanura chaqueña, también son afectados por la construcción de dos gasoductos de 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz, donde es exportado a Brasil por el Gasoducto Bolivia Brasil. En la serranía del Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes de gas, el bloque Caipipendi invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaranís que por su inaccesibilidad han conservado la cultura más pura. En un manifiesto fechado en julio del 2004, la comunidad de Tentayapi se pronunciaba a favor de tomar medidas activas para impedir la entrada de Repsol en sus territorios. Otra etnia afectada son los weenhayek, pescadores del río Pilcomayo, que ya expresaron su rechazo a la construcción del gasoducto Yacuiba Río Grande, oposición que fue desestimada por la Superintendencia de hidrocarburos.
Conflictos ambientales de los gasoductos
Esta parte nos ayudará a visualizar el contexto de impunidad con el que se mueven los grupos económicos en Bolivia, para entender por qué empresas como Repsol-YPF están apostando tanto en este país y por qué se sabe tan poco de sus actividades. En los últimos años, diferentes conflictos han desenmascarado el verdadero talante de las multinacionales, que no han dudado en ignorar y aplastar los derechos humanos para defender sus intereses económicos. En cada uno de los conflictos, las poblaciones afectadas se organizan de una u otra forma para defender sus derechos, mientras que el gobierno siempre ha demostrado su utilidad como protector de los intereses privados, que llegan incluso a fortalecerse.
Gasoducto Bolivia-Brasil
Los 1.750 millones de dólares que ha costado el gasoducto Bolivia Brasil, unen los 3.000 km que separan los pozos de gas bolivianos con las industrias de las periferias de Saõ Paolo. Esta obra es un gran negocio para Enron y Shell, en Bolivia, y Petrobras, en Brasil, el cual tiene además un trato de preferencia para exportar todo el gas que produce en Bolivia. El gasoducto es propiedad de dos consorcios establecidos en Bolivia y Brasil, formados por Transredes, Enron, Shell, Petrobras y BTB. Los bancos realizaron préstamos por el valor de: 310 millones de dólares (Banco MundIal), 240 millones de dólares (BID) y 84 millones de dólares (Corporación Andina de Fomento) (Gavaldá 1998). Pero la imagen de los prestamistas quedó salpicada por todos los atropellos a los derechos humanos que acompañaron su construcción. El Banco Mundial dirigió toda una campaña para mostrarse como un prestamista correcto que garantiza la ética y el respeto en sus inversiones, pero no fue así. Durante toda la construcción se reportaron graves incidentes, o situaciones no contempladas.
A finales de 1998, a raíz de una huelga de la plantilla de trabajadores bolivianos discriminados por su salario respecto al resto de obreros, el gobierno ordenó la militarización de las obras para no incumplir el cronograma de entrega. A lo largo del tramo boliviano del gasoducto, vecinos de los municipios afectados se organizaron en comités de fiscalización para reportar todos los impactos del gasoducto. A parte de la deforestación de miles de hectáreas, la fragmentación de ecosistemas y la apertura de accesos, los impactos sociales fueron escandalosos. En la tranquila población de Carmen Rivero Torres, donde los humedales del pantanal dan paso a extensas llanuras de pastos, la empresa constructora invadió el pueblo con 2.000 trabajadores. En dos meses el pueblo se quedó sin agua y sin luz, hubo violaciones, seis menores de edad embarazadas, alcoholismo y delincuencia. Cuando las denuncias del comité de fiscalización llegaron a Estados Unidos, el Banco Mundial quedó en evidencia. Desde Washington partió un avión con destino a Carmen Rivero Torres para desmentir las denuncias. Una comisión de funcionarios del Banco Mundial, acompañado por responsables de la empresa Gas Transboliviano, Petrobras y la Consultora Dames &ndose con la gente. En una reunión en la escuela, los pobladores exigieron una "damnificación socioeconómica" por los daños, "dado que los impactos ambientales son irreversibles y no se pueden cuantificar" (Gavaldá 2003). En esta reunión se puso en evidencia la inutilidad del monitoreo de la consultora norteamericana Dames &n al comité de fiscalización formada por voluntarios del pueblo (Crespo 2000).
Gasoducto a Cuiabá
Al año siguiente, apareció en escena el gasoducto a Cuiabá. Este nuevo gasoducto exporta gas barato boliviano a la sobredimensionada planta termoeléctrica, que construyó la compañía Enron en la ciudad de Cuiabá. Con este proyecto Enron suministrará electricidad a un millón de consumidores brasileros y a las poblaciones fronterizas de Bolivia, que comprarán su propio gas convertido en kilowatios. En realidad, lo que buscaba Enron con esta obra era liberarse de Petrobras (socio del gasoducto BoliviaBrasil) para disponer de su propio tubo que alimente su central térmica. El proyecto requirió de una inversión de 570 millones de dólares, la mitad de los cuales aproximadamente era para enterrar los 626 km de gasoducto. Como muchas otras obras de Enron en el mundo, recibió el financiamiento de OPIC, aunque sus estatutos prohibían financiar la intervención de bosques primarios tropicales (OICH 2001). El trayecto del gasoducto a Cuiabá se podía haber diseñado bajo una lógica de evitar las zonas más vulnerables, pero se optó por la solución barata, o sea una línea recta, de 30 metros de ancho destruyendo todo a su paso. El trazado del gasoducto atravesaba el bosque seco Chiquitano, una mancha de bosque virgen de 100 km de diámetro, calificado entre los bosques secos con mayor riqueza de especies y endemismos del planeta. Evidentemente, todo esto no se decía en el deficiente Estudio de evaluación de impacto ambiental aprobado por el gobierno, que consideraba el bosque Chiquitano como si fuera una parte del pantanal (Entrix 1998). Este hecho motivó que tanto las poblaciones locales como un entramado de organizaciones sociales bolivianas e internacionales se opusieran al trazado del proyecto. Esta oposición llegó incluso al Congreso norteamericano, donde se demostró la incompatibilidad del proyecto con los estatutos del banco OPIC, que prohíbe el financiamiento de obras que supongan una intervención directa a los bosques primarios tropicales. Entonces OPIC encargó otro estudio complementario que determinó que "el Bosque Seco Chiquitano puede ser el área más grande de bosque seco remanente relativamente poco disturbado en el Neotrópico, sino en el mundo entero" (OICH 2001).
Si la OPIC retiraba el préstamo, Enron y Shell lo tendrían más difícil para llevar a cabo el proyecto, pero a última hora Enron se sacó de la manga un acuerdo con cinco organizaciones para la ejecución de un Programa de conservación del bosque seco Chiquitano de 20 millones de dólares. Estas organizaciones, tres de ellas extranjeras, negociaron en nombre de los bolivianos la destrucción de un ecosistema único, a cambio de convertirse en un poder económico regional más fuerte que el Estado (Molina 2000). En cambio, las 37 comunidades de indígenas chiquitanos y ayoreos afectadas directamente por la construcción del gasoducto, recibieron después de dos años de movilizaciones y negociaciones un Plan de desarrollo indígena, presupuestado en casi 2 millones de dólares. Las cinco instituciones del negociado con Enron, sacaron diez veces más, sólo con una firma.
Sus primeras actuaciones fueron constituirse en fundación para tener más movilidad financiera y proponer la creación de áreas de conservación privadas. Se cerraba el ciclo. Comprando tierras a algunos particulares, la fundación retornaría los favores a la oligarquía gobernante que impulsó el gasoducto incluso a costa de redactar nuevas leyes para evitar la inconstitucionalidad del proyecto. Pero también había otros intereses para Estados Unidos. En mayo del 2000, la fundación de Amigos de la Naturaleza (una de las beneficiadas con los 20 millones de Enron), hizo una solicitud a la Dirección general de biodiversidad para extraer variedades de maní silvestre en la chiquitanía debido a la amenaza de desaparición que supone la construcción del gasoducto. En la solicitud se detallaba el convenio que tenían la fundación con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos para practicar la conservación ex situ de las plantas de maní. La Dirección general de biodiversidad aceptó esta acción de biopiratería por una donación de 6.000 dólares. En estos momentos Estados Unidos habrán patentado las propiedades de resistencia a la sequía y plagas de la planta. Las comunidades de indígenas chiquitanos y ayoreos, que protegieron este singular ecosistema durante miles de años, recibirán a cambio sólo las molestias de la maquinaria de Enron, cuando circulan por la extensa brecha del gasoducto donde tienen derecho de vía.
Estas comunidades organizaron un monitoreo activo de los impactos del gasoducto. En cada comunidad, un promotor ambiental realizó informes mensuales de los daños provocados por las obras. Durante la construcción se denunció la destrucción de caminos, dañar explotaciones ganaderas y contaminar cuerpos de agua, especialmente en la zona del pantanal. Por ejemplo, en la comunidad de Entreríos se contaminó el curso de agua que abastecía la comunidad. La única medida de mitigación realizada por la empresa fue la colocación de un vistoso cartel que ponía: "Prohibido tomar agua". (OICH 2000).
Dos gasoductos paralelos: Gasyrg y Yabog
El gasoducto Yacuiba Rió Grande (GASYRG), fue rebautizado de su nombre original (Yabog-II) para no crear confusiones con la competencia. Se trata de la construcción de un gasoducto paralelo al ya existente gasoducto Yabog, que conecta Yacuiba con la estación de Río Grande, donde se empalma con el gasoducto Bolivia Brasil. El motivo de añadir otro gasoducto al ya existente es puramente mercantil. El gasoducto Yabog I pertenece al consorcio Transredes (Enron-Shell) y esta empresa les impondría una tarifa por el uso del gasoducto. Este dato motivó a las empresas propietarias de los campos San Alberto y San Antonio a construir su propio conducto, aunque ello suponga la destrucción de más de 431 kilómetros de bosque seco tropical. Este monstruoso gasoducto, de capacidad superior al gasoducto Bolivia Brasil, el cual fue considerado como el "proyecto del siglo", tiene un diámetro de 32 pulgadas y una capacidad de transporte de 22,7 millones de m3 diarios.
Sus dueños, agrupados en el consorcio Transierra S. A., son los titulares de los campos San Alberto y San Antonio, o sea Petrobras, Total y Andina (Repsol-YPF). El consorcio Transierra S. A. pretende cubrir el 70% de la demanda de gas a este país.
Las poblaciones indígenas afectadas por el trazado del nuevo conducto se opusieron enérgicamente al proyecto, así como también los habitantes de la región del Chaco, lo que generó una serie de problemas en la región del Chaco. El pueblo indígena weenhayek presentó ante la Superintendencia de hidrocarburos su oposición a la construcción del Gasyrg. Los weenhayek argumentaban que el conducto atravesará su territorio, al igual que las tierras que son habitadas por el pueblo guaraní, que también presentó su oposición.
Pero la Superintendencia de hidrocarburos de Bolivia, organismo creado y financiado por el Banco Mundial y las propias empresas petroleras, declaró improcedentes las objeciones de la empresa Transredes, del pueblo weenhayek y de la Asamblea del pueblo guaraní. Con esta decisión, el consorcio Transierra arrancó el operativo de construcción del Gasyrg. Según la Superintendencia "la Licencia Ambiental otorgada a Transierra, descalifica la aseveración de la Asamblea del Pueblo Guaraní y de los Weenhayek, referida a la inexistencia de una evaluación de impacto ambiental del gasoducto, y consecuentemente la legalidad de la licencia". De nuevo los estudios de impacto ambiental, procedimientos inconsultos en los que una consultoría recoge datos de todo lado para recopilarlos en un documento de 200 páginas sin sentido, sirven para justificar la destrucción ambiental y los atropellos de los grandes proyectos a las poblaciones.
La noticia tampoco causó mayor sorpresa en la sede del gobierno. En círculos políticos se dijo que estaba previsto, por una cuestión de emergencia nacional para cumplir obligaciones asumidas por el Estado, un decreto para autorizar la construcción del conducto si el litigio se extendía en la Superintendencia.
La guerra del gas
El proyecto LNG
Para la exportación de gas natural a México y Estados Unidos, en el mes de junio de 2001, se conformó el consorcio Pacific LNG. Consiste en construir un gasoducto entre el campo Margarita que se encuentra en Tarija Bolivia y el Puerto de Mejillones en Chile, licuificar diariamente 30 millones de m3 de gas sometiéndolo a alta presión, para transportarlo en un tren de barcos diarios a las costas de México, donde será de nuevo gasificado y transportado a California por medio de un gasoducto. La empresa Sempra Energy se encargaría en este momento de quemar el combustible en plantas térmicas para convertir el gas en kilowatios.
Estas empresas son socias del campo Margarita, que se encuentra dentro del bloque Caipipendi, en los siguientes porcentajes: Maxus (Repsol YPF) 37,5%, British Gas con 37,5% y Unión Texas de Bolivia con 25%. La empresa operadora de este campo es la empresa Repsol a través de la empresa Maxus Bolivia. El campo Margarita posee 13,42 trillones de pies cúbicos de gas natural y 303,48 millones de barriles de petróleo, según la certificación de reservas al 1 de enero del 2001, realizada por la consultora de Goldyer &a una inversión de aproximadamente 5.000 a 7.000 millones de dólares y que podría culminarse a mediados del año 2005.
En las actuales circunstancias, definidas por las reformas en el sector petrolero boliviano, la participación del Estado dentro del proyecto Pacific LNG y los beneficios que de él pueden obtener son pocos e insuficientes. Analizando la propuesta que el consorcio tiene para los precios en boca de pozo (de 0,60 dólar por millar de pies cúbicos de gas natural e explotarse), la participación del Estado boliviano se reduciría aún más, debido a que de los 60 centavos de dólar que llegaría a costar el millar de pies cúbicos tan sólo 10 se quedarían en Bolivia en concepto de regalías. Lo que en los hechos deja de ser una venta para convertirse en un regalo y subvención a los mercados de Norteamérica, donde el precio del millar de pies cúbicos de gas natural oscila entre los 4 y los 6 dólares. De concertarse una venta de 30 millones de m3 de gas natural al día, los ingresos anuales para Bolivia, por el 18%, sumarían en total 41,7 millones de dólares al año: diez veces menos de los que hasta 1993 entregó la empresa YPFB al Estado boliviano.
Alrededor y dentro del campo Margarita viven decenas de comunidades guaranís, las cuales, a pesar de vivir sobre millones de dólares en gas, no han recibido de las petroleras sino contaminación y pequeñas limosnas. Por ejemplo, con el pozo Margarita X3, perforado sobre una planchada de 2 has en el año 2000, la extema vecindad (500 metros) con la comunidad guaraní de Cumandaroti ha generado graves molestias. Durante los primeros años, los comunarios se quejaban de que el calor del pozo les daba dolor de cabeza por el mal olor, resfríos y mucho calor que provocó el abandono de un campo de cultivo.
El calor que sentían los comunarios no es casual. Según registros de prensa, en octubre de 2000, Maxus-Repsol solicitó al Viceministerio de Energía e Hidrocarburos la autorización para la quema de gas natural en el pozo X3. Argumentando la falta de mercado y la necesidad de comprobar el tamaño de la reserva, durante el año 2000, Repsol quemó 3.900 millones de pies cúbicos de gas (Orduna 2004).
La generalización del conflicto
Los acontecimientos de la Guerra del gas, primero, y los artificios del referéndum, después, trasladaron el conflicto ambiental de los pobladores que viven en la boca del pozo a la concienciación de la población urbana en torno a la recuperación de los recursos. En una década, la población boliviana dejó de creer que las transnacionales petroleras sacarían al país del hundimiento económico. Ahora ya sabe que son el problema más que la solución. Las voces de la nacionalización vuelven a sonar en la calle, aunque como advierte el presidente, todo está atado a favor de las transnacionales y sus intereses. Bolivia vive una época difícil que deberá enfrentar con valentía. O seguir exportando hidrocarburos baratos, a la par que exporta famílias desempleadas y daña sus ecosistemas, o retomar el control de sus recursos aunque esto signifique enfrentarse con las transnacionales y sus países de orígen.
Pero no basta con nacionalizar el gas o reconstruir YPFB, pues la contaminación no entiende de patrias. Una explotación petrolera en áreas amazónicas o territorios indígenas puede ser igualmente dañina, ya sea boliviana o extranjera. La apuesta está en la industria a pequeña escala, el suministro de gas doméstico y de automoción como camino hacia un desarrollo integral con las energías renovables, como inversión duradera, sostenible y respetuosa con las poblaciones locales.
Bibliografía
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Orduna, Víctor, 07/05/2004, "Donde hay hidrocarburos, hay indígenas", en Pulso, La Paz.
Varios Autores, 30/11/2001, "La `Super' encamina la construcción del Gasyrg", en El Deber, Santa Cruz.
Notas
1 N. del E.: Esta ley, conocida como Ley SIRESE, es la ley 1600 del 28 de octubre de 1994.
2 N. del E.: Se trata de la ley 1544 del 21 de marzo de 1994.
Como citar este documento: . DEBATE. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
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Descriptores Tematicos: PATRIMONIO CULTURAL; CENTROS HISTORICOS; REGENERACION URBANA; TURISMO; ESTUDIOS URBANOS; QUITO; GUAYAQUIL; PELOURINHO; sociologia urbana; zonas urbanas; ciudades; urbanismo; cultura; lugares y monumentos historicos; proteccion del patrimonio cultural; politica turistica; exclusion social; problemas sociales; discriminacion racial; brasil; ecuador
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Gey Espinheira. Dr. en Sociología. Profesor de la Universidade Federal da Bahia Mail: gey.e@terra.com.br
Archivo Histórico. Banco Central del Ecuadro
Quito, mercado en la plaza de SanFrancisco, hacia 1890
¡Prohibido besarse!
A partir de la experiencia de Guayaquil, Chris Garcés enfatiza en la exclusión social como un efecto paradójico de los proyectos de regeneración de áreas centrales degradadas pero con un valor histórico y cultural. Paulo Ormindo, por su lado, analiza cuatro décadas de esfuerzos que, en nombre del turismo cultural, buscan la recuperación del centro histórico de Salvador de Bahia a través de diversos programas internacionales y nacionales; Ormindo argumenta que los problemas sociales de las poblaciones centrales no son resueltos, sino camuflados a través de la expulsión de esos moradores y usuarios. Pese a tener diferentes focos de análisis, tenemos una convergencia entre los dos autores. Eduardo Kingman, por su lado, vuelve su mirada a la eficacia de las inversiones, al devenir en ruinas del espectáculo de la renovación, a las imágenes de la pobreza y a las fantasías de la riqueza, a la faena cotidiana de ritos festivos para el encantamiento de los visitantes, al murmullo del día a día, a la algazara de las conmemoraciones. Otra realidad toma lugar: el patrimonio cultural es el amago de la cuestión y se vuelve un aspecto técnico, de especialistas, o sea, una opinión autorizada sobre la cultura, los centros históricos y el patrimonio. En la medida en que el espectáculo se convierte en el principal objetivo de lo que se hace, el autor pone en cuestionamiento el problema de la cultura cuando está de por medio un enriquecimiento o empobrecimiento de la misma.
Concepciones diversas -y contradictoriassobre la ciudad califican sus espacios y eligen el centro histórico como un espacio de reproducción cultural por excelencia. Es la vieja concepción de que hay una racionalidad en el organismo urbano, en donde ciertas áreas son de apropiación afectiva, aquellas que reconocemos con los posesivos "mi calle", "mi barrio", y donde también están otras áreas, aquellos no-lugares, cuyo ejemplo mayor es el centro de la ciudad, y dentro de él, la memoria, lo histórico. "Sin la ilusión monumental, a los ojos de los vivos, la historia no pasaría de ser una abstracción" (Augé 1994:68). Es en ese no-lugar, imposible de ser apropiado por los individuos pero que también es el lugar de todos, vivos y muertos, en donde el pasado en su presencia y representación- se sacraliza y expresa la ontología de la ciudad. Bajo esta concepción, algunas vertientes de opinión buscan rescatar el centro histórico de manos de aquellos que se apropian del espacio público para establecer sus actividades, ya sea con la colocación de algunos equipos (vendedores de comida, vendedores ambulantes, etc.), o bien con sus propios cuerpos (como los trabajadores del sexo o de otras formas de manode-obra en espera).
En esa concepción, el centro histórico, visto como el patrimonio histórico y ambiental de todos, no puede ser rehén de una población de bajos ingresos que se beneficia de él a cambio de su factor deterioro y que no tiene capacidad de invertir en el mantenimiento de los edificios arruinados, contribuyendo así al ineludible proceso de destrucción de lo que ya está en proceso de arruinamiento. La conclusión es evidente: es necesario retirar a los moradores y recuperar los predios; hace falta una nueva población que tenga suficiente poder adquisitivo para dar sustentabilidad al conjunto urbano revitalizado. Si bien las autoridades que dicen qué y cómo hacer son especialistas, son los políticos los que tienen la facultad de decidir para quién; los políticos, sin embargo, no deciden sin rodearse antes de las opiniones de esas otras autoridades, los intelectuales de la cultura. Se configura así lo que Kingman registra con propiedad: "se parte de la idea de que la ciudad es un organismo que tiene un centro o eje a partir del cual puede reorientarse. En el fondo se trata de la ilusión tecnocrática de que la ciudad puede ser ordenada, de que se puede imprimir en ella una racionalidad que abarque todos los campos, incluyendo el de la cultura". Siguiendo la reflexión de este autor, nos encontramos frente a una "cultura de la racionalidad", una verdadera forma de intervención sobre las emociones -como si eso fuese posible- de las personas a través de reglas, posturas, normas y leyes que llegan al clímax de la prohibición del beso.
El patrimonio y la cultura se enfrentan. Si, según lo afirmado por Augé (1994:66), "la alusión al pasado torna más complejo el presente", esta alusión se concretiza en la culturización del patrimonio: éste, con su fuerza simbólica, somete la cultura a los dictámenes de los especialistas -a las opiniones autorizadasque dicen que el centro histórico debe ser y representar "lo que efectivamente es", la memoria física de la cultura del pasado. Emerge, por tanto, una confrontación entre cultura hegemónica y subalterna, para usar las categorías de Gramsci, tal como el autor destaca al referirse al discurso sobre la diversidad en el que se evidencian dos aspectos: el primero -dice Kingman- "se orienta a poner en funcionamiento los mecanismos de distinción entre alta y baja cultura", detallando los espacios y funciones destinados a separar a las personas. "Lo segundo -continúa- está relacionado con la conversión de las manifestaciones populares en mercancía o espectáculo, fuera de cualquier proceso de participación de la propia gente que no sea en calidad de meros espectadores". La conclusión es que este "festival de diversidad" acaba por expresar nuevas formas de racismo.
Los antiguos y tradicionales maestros de obras, albañiles, carpinteros, se oponen a los actuales procesos de intervención, no sólo en tanto depositarios de un saber-hacer, sino también como representantes de la cultura popular que participan en procesiones, cantos y danzas, juego corporales desarrollados en los espacios de la ciudad que dan vida a toda la materia de los lugares, en sus formas, recodos y juegos de luz y sombra. Todo ese movimiento barroco que requiere atención de los sentidos y del alma y que ahora se encuentra disciplinado por un orden que coordina las emociones y las somete a prohibiciones e intimidaciones.
El patrimonio, así concebido, es un vacío cultural. Eso es lo que se puede percibir en la sensibilidad del autor, al menos en esta pequeña cita: "hasta hace poco había todo un mundo público relacionado con una rica imaginería popular, pero hoy ese mundo ha sido reducido a los antiguos baños de la iglesia y convertido de alguna manera en un sub-mundo. La propia imaginería ha sido afectada por esas circunstancias, así como el espacio cultural...". El autor se pregunta si hay falta de sensibilidad de los especialistas y políticos o si es una tendencia internacional, "propia de la sociedad del espectáculo, consistente en hacer del patrimonio y de la cultura mercancías". Las culturas se tornan espectáculos desprovistos de contenido, o mejor dicho, de sentido, de aquello que en el espacio y con el espacio liga el cuerpo al alma. Se trata de un centro histórico en tanto escenario o arena donde todo puede suceder, pero sólo según las órdenes de los especialistas y de los "administradores de la cultura". Quedan fuera los que viven la historia, los que son, verdaderamente, quienes hacen cultura. Ahí es donde se procesa lo que con pertinencia el autor denominó la "domesticación de lo popular": un proceso que vacía de significado a los ritos y los símbolos de la ritualidad y la simbología, en otras palabras, que vacía la fantasía en el pastiche de la fantasía ausente de la creación.
En el campo del patrimonio, de la memoria y de la identidad, la cultura es manipulada.
Kingman dice: "asistimos a la construcción de una memoria selectiva y excluyente: a la identificación del patrimonio con unos supuestos orígenes o esencias, a una domesticación y cosificación de la memoria. El problema no radica en el valor que se dé a una zona, sino en saber de qué modo determinados significados se convierten en hegemónicos". Lo trágico de la recuperación física de lugares urbanos es el vaciamiento de la cultura, de los significados, una forma de separar el ojo de la mano y del alma, como dice Valéry, el fin de la narrativa según Benjamín (1975). Sin la narración, una parte del mundo, la de la arqueología de la ciudad, es decir, el centro histórico visto como patrimonio cultural, es un escenario de espectáculos vaciado de sus creadores.
Los artículos de Paulo Ormindo, Chris Garcés y Eduardo Kingman, publicados en ICONOS 21, convergen en reconocer la exclusión social, la puesta en escena de nuevas formas de racismo bajo el disfraz de la expresión democrática de las diferencias, el respeto a la diversidad sintetizada en el multiculturalismo, el cual Hall (2003) denuncia como una de las trampas de la contemporaneidad: cultura domesticada en el escenario de una ópera posmoderna en el lugar del no-lugar, espectáculo espectacular en el vacío de la historia desecha.
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Notas
1 "Pelourinho" es el nombre con el que es conocido el centro histórico de la ciudad colonial de Bahía y que fue declarado "patrimonio de la humanidad" por la UNESCO.
2 Fiesta que, con asistencia predominante de la población afro-descendiente y de los turistas más curiosos y participativos, ocurre los martes al final de la tarde en la Iglesia y Convento de San Francisco y que acepta su afición profana a danzas, cánticos y bebidas en los bares más diversos, palcos y plazas de reggae.
3 La influencia de Bob Marley es grande en Salvador, donde el reggae se convierte en una especie de identidad negra contemporánea. Nótese que en Salvador el 80% de su población es afro-descendiente.
4 Bebida a base de aguardiente de caña, con clavo, canela y miel.
5 En el gobierno Waldir Pires (1987-1990) fue elaborado el Plan Habitacional del Centro Histórico, pero éste no fue implementado, ni tampoco tomado en cuenta en la recuperación física de la década del 90, manteniendo así la tradición de discontinuidad administrativa en la sucesión de los gobiernos.
6 Referente a Salvador, capital del Estado de Bahia-Soterópolis.
Como citar este documento: . TEMAS. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
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Como citar este documento: Martínez Valle, Luciano. La desventura de ser soltero: introducción a la sociología rural de Pierre Bourdieu. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
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La desventura de ser soltero: introducción a la sociología rural de Pierre Bourdieu
Luciano Martínez Valle. Dr. en Sociología. Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador. Mail: lmartinez@flacso.org.ec
Dentro de la prolífica producción sociológica de Bourdieu, el libro Le Bal des célibataires1 (literalmente, "El baile de los solteros"), todavía no traducido al español, es sin duda una de las más importantes contribuciones de sociología rural realizada por este autor. El libro recoge varios estudios publicados en revistas especializadas de difícil acceso hoy en día, revisados y actualizados con el ojo crítico de este sociólogo que ha despertado las discusiones más apasionadas sobre las características de la sociedad actual.2 El libro cubre un período que va desde los años sesenta hasta los setenta, en el cual ya se había cristalizado una fuerte modernización de la sociedad rural francesa. Esa modernización fue impulsada desde los años cincuenta en gran parte por la Juventud Agrícola Católica (JAC), que privilegiaba una agricultura más productivista, con una generación de ingresos más elevados y un modo de vida más moderno (Champagne 2002:11).
Un primer aspecto a considerarse es la preocupación de Bourdieu por acercarse nuevamente a la sociedad rural, a donde pertenece su familia de origen y él mismo. El autor vuelve sus ojos sobre la sociedad campesina de Béarn ubicada en el Pirineo francés en búsqueda de una conciliación con su pasado y un redescubrimiento personal en ese proceso, lo que el sociólogo llama "socioanálisis" (y que fue su preocupación en los últimos trabajos basados en la autocrítica sociológica), un paso necesario del conocimiento científico.3
Para ello, Bourdieu es consciente de las "rupturas" que ha debido emprender tanto en el plano académico como en el personal. El primero significó prácticamente un renunciamiento a la filosofía por la sociología y dentro de ella por la "sociología rural" que, como manifiesta el autor, se encontraba situada "en lo más bajo de la jerarquía social de las disciplinas". Pero además, este "renunciamiento electivo que implicaba un desplazamiento negativo en el espacio universitario tenía como contrapartida el sueño confuso de una reintegración en el mundo natal" (2002:10). La segunda ruptura tiene que ver con las características metodológicas de este acercamiento al mundo campesino: la utilización del trabajo "duro" sociológico (encuestas, estadísticas, en una época en que no existían las computadoras) y de las entrevistas que implican nadar en las aguas profundas del mundo campesino.
"A través de una total inmersión, se cumple una reconciliación con las cosas, las gentes, de las cuales me había alejado insensiblemente por la entrada en otro mundo y que la postura etnográfica impone respetar naturalmente. El retorno a los orígenes es acompañado de un retorno controlado de lo rechazado" (2002:11).
Preocupación temprana de un engagement con el mundo rural que se encontraba en crisis, lo que implicaba no sólo una dimensión académica sino también política, postura que caracterizó las últimas obras de este sociólogo y que le valió las críticas infundadas de la academia y los medios de comunicación (Bouveresse 2004)4.
Un segundo aspecto importante es que en el contexto del análisis de la sociedad rural francesa, se ensayan las categorías centrales de análisis que más tarde van a ser empleadas en la abundante obra "bourdieusiana": "campo social", "habitus", "hexis corporal". Si bien estas categorías ya se encuentran en los trabajos pioneros de Bourdieu sobre la sociedad Kabyl del norte de África, todavía no habían sido utilizadas en el contexto rural de la sociedad francesa5.
Un tercer aspecto es que con esta reedición de los trabajos sobre el campesinado francés se dispone de un valioso material metodológico para abordar la realidad rural. Una aproximación casi etnológica para lograr captar el mundo simbólico de una sociedad tradicional y un análisis sociológico para detectar los mecanismos económicos que encierran las estrategias de las familias campesinas. Este aspecto es sin duda el más importante desde el legado metodológico de la obra de Bourdieu, y el que permite ilustrar las investigaciones que todavía están por desarrollarse en nuestro medio. Es interesante también mencionar que en este trabajo se concretiza la ruptura con la visión estructuralista en el proceso de investigación que influenciaba desde las preguntas centrales, el método de observación, hasta el lenguaje utilizado, visión que al parecer todavía predominaba en los estudios sobre la sociedad Kabyl africana (Silverstein 2003). Según Bourdieu, esta ruptura se concretizaba en "el paso de la regla a la estrategia, de la estructura al habitus y del sistema al actor socializado" (Bourdieu 2000:12). La combinación de las técnicas duras sociológicas con el análisis en profundidad a través de entrevistas a los campesinos, muestra la falacia de las discusiones posmodernas que buscan privilegiar (debido al temor o a la debilidad en el uso de las matemáticas) el discurso, la subjetividad, en detrimento del análisis cuantitativo, creando una "oposición estéril entre individuo y sociedad" (Champagne 2002:117).
Antonio Mena
Finalmente, la relación anteriormente complementaria entre pueblos o pequeñas ciudades y las aldeas se rompe cuando la economía de mercado impone las reglas de juego a la pequeña agricultura, tanto a nivel de la producción como de la comercialización y de los precios, elementos económicos no controlados por los campesinos y que responden a una lógica exterior, la de las empresas agroalimentarias. En un capítulo apasionante denominado "Del mundo cerrado al universo infinito", Bourdieu describe esta dolorosa ruptura que conducirá finalmente al triunfo del mercado sobre los valores de la sociedad campesina, al "derrumbe del mundo social con base local" o "localocentrismo". Se genera, entonces una verdadera revolución "simbólica" en donde las mujeres y los hijos no herederos se constituyen en los verdaderos agentes de la modernización o, como señala Bourdieu, en el "caballo de Troya del mundo urbano" (2002:227). Se trata de un proceso de "conversión colectiva de la visión del mundo" que parte del convencimiento individual de las ventajas y valores del mundo urbano. Según el francés,
"la conversión colectiva que conduce a las salidas cada vez más numerosas y que terminará por afectar a los mismos sobrevivientes es inseparable de lo que hay que denominarlo como una revolución copernicana: el lugar central, inmutable, sede de una jerarquía inmutable y única, no es más que un punto cualquiera en un espacio más amplio, peor aún, un punto bajo, inferior, dominado. La comuna, con sus jerarquías (la oposición entre grandes y pequeños campesinos), se encuentra restituida en un espacio social más largo, en el seno del cual los campesinos en su conjunto ocupan una posición dominada" (2002:227-228).
La crisis del espacio simbólico: el baile campesino
Las fiestas de los campesinos estaban vinculadas con sus prácticas cotidianas en torno al trabajo y la sociedad rural8. Con el alargamiento del espacio social, el baile de Navidad cumplía una función importantísima al viabilizar el encuentro entre los jóvenes de los dos sexos, dadas las escasas posibilidades de que se materialice en una población rural dispersa.
"Dada la separación drástica entre la sociedad masculina y la femenina, dada la desaparición de los intermediarios y el aflojamiento de los vínculos sociales tradicionales, los bailes que se hacen periódicamente en el pueblo o en la ciudades vecinas constituyen la única ocasión de encuentro socialmente aprobada" (Bourdieu 2002:111).
No obstante, este espacio simbólico se transforma también en el enfrentamiento entre la sociedad campesina y la sociedad urbana; se transforma en un verdadero "choque de civilizaciones". La dinámica de este espacio pertenece a los jóvenes estudiantes o citadinos, mientras que los campesinos, especialmente los solterones "herederos", se convierten en simples espectadores de una dinámica corporal para la cual no están preparados y tienen pocas posibilidades de intervención. El autor lo señala muy agudamente:
"esta conciencia desdichada de su cuerpo que le conduce a aislarse (a diferencia del citadino), que le inclina a una actitud introvertida, raíz de la timidez y de la torpeza, le prohíbe la danza, le prohíbe las actitudes simples y naturales en presencia de las jóvenes. En efecto, avergonzado de su cuerpo, se encuentra molesto y torpe en todas las situaciones que exigen que salga de si mismo o que de su cuerpo en espectáculo" (Bourdieu 2002:117).
Así pues, en la competencia que se realiza en el balie, en tanto nuevo espacio del "mercado matrimonial", quienes salen perdiendo son los campesinos, especialmente los herederos que cada año contemplan cómo se escapan las posibilidades de casarse y tener descendencia para dar continuidad al patrimonio. En ese sentido, "el baile es en efecto la forma visible de la nueva lógica del mercado matrimonial"; este mercado matrimonial que anteriormente estaba controlado por las familias, "en adelante está abierto a la concurrencia más brutal y más desigual" (Bourdieu 2002: 229, 233).
Las consecuencias sobre la desvalorización del mundo campesino son muy claras. Por un lado, en la esfera de la producción ya se ha generado una desvalorización mercantil, pero a ésta se suma ahora una desvalorización simbólica, que incide en los valores de la sociedad rural y en un proceso de desculturización, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, que conduce a su vez a un "efecto de desmoralización que ejerce una representación pesimista del futuro de la clase (...) al surgimiento en la conciencia de los campesinos de una imagen catastrófica de su futuro colectivo" (Bourdieu 2002:241).
Bourdieu termina señalando que esta crisis puede tener dos efectos diametralmente opuestos: o a la desmoralización, que conduce a la desbandada, en tanto suma de las fugas individuales, o bien a la movilización, que conduce a la búsqueda de una solución colectiva de la crisis. Esto va a depender en gran parte de la "posesión de instrumentos simbólicos" que permita primero matrizar la crisis y luego organizar una respuesta colectiva. Se trata de una propuesta política interesante que explica las diversas reacciones campesinas frente al derrumbe de un espacio social invadido por el mercado y la importancia de disponer de instrumentos simbólicos alrededor de los cuales la clase en crisis pueda dar una respuesta.
No obstante, la visión final del sociólogo es poco optimista sobre el futuro político de los campesinos, pues en la medida en que los principales rasgos de "sus condiciones de existencia" generan un comportamiento individualista, a nivel político "les impide pensarse ellos mismos como una clase capaz de movilizarse con el objetivo de imponer una transformación sistemática de las relaciones sociales" (Bourdieu 2002:259). Un análisis que recuerda la visión pesimista del "saco de papas" de Marx cuando estudiaba el comportamiento político del campesinado francés en la coyuntura revolucionaria de 1848 (Marx 1974).
El análisis de Bourdieu extendido a los Andes
En este acápite, más que hacer una aplicación (que por lo demás sería completamente forzada) del análisis de Bourdieu a la sociedad rural en los Andes, he querido resaltar algunas vetas de investigación que todavía no han sido abordadas en nuestro medio. Los esfuerzos teóricos del sociólogo apuntan a través de toda su obra a refutar el análisis economicista de la realidad social, sin considerar las específicas condiciones históricas y sociales en las cuales los "actores racionales" se desenvuelven. En este sentido, trato de puntualizar temas de investigación que podrían ser abordados en su especificidad andina a partir de la reflexión realizada en este trabajo.
Uno de los grandes vacíos de la temática campesina en el área andina es sin duda el análisis de los mecanismos de herencia predominantes entre los campesinos, sean indígenas o no. Esta falencia (en gran parte debido a la debilidad de los estudios antropológicos) ha impedido, por ejemplo, dimensionar el peso que tiene la "herencia bilateral" en el predominio del minifundio entre la población campesina, la cual condiciona seriamente cualquier alternativa productiva basada en la agricultura. Al parecer, actualmente no existiría un interés entre los campesinos andinos en preservar el patrimonio evitando su parcelación. Los archivos rurales muestran efectivamente que la herencia de una propiedad indígena se reparte entre todos los herederos sin distinción de sexo, seguramente porque son tan pobres que no poseen otro bien a testar o con qué recompensar en forma igualitaria a sus hijos. Así pues, a lo largo del tiempo, las propiedades se tornan cada vez más pequeñas y dispersas, lo que se convierte en un obstáculo para su aprovechamiento productivo (Martínez 2002).
Sin embargo, algunos estudios realizados en el subtrópico muestran sorprendentemente que los campesinos pueden establecer nuevas estrategias sobre los mecanismos de herencia en torno a la tierra, con el objetivo de evitar su parcelamiento excesivo.9 Pero en general existe un desconocimiento de este tema vital para la subsistencia de los productores campesinos10.
Un segundo aspecto que tiene vigencia en el análisis de las sociedades andinas es el relacionado con el "alargamiento del espacio social", lo que implica la vinculación de la sociedad campesina con los pueblos, ciudades y, actualmente, incluso con el mercado mundial. Recordemos que hasta la mitad del siglo pasado, muchas sociedades campesinas tenían sólo una relación limitada al espacio socioproductivo de la hacienda, situación que se rompió con la reforma agraria de 1964. En 50 años se ha desarrollado una importante vinculación con el mercado interno, lo que supone una ampliación espectacular de los vínculos de la sociedad campesina con los pueblos y ciudades cercanas y posteriormente con el mercado de trabajo existente a nivel nacional. Aunque el espacio que deja la globalización para estas sociedades no pasa por la producción de mercancías sino por la venta de mano de obra, se trata de una vinculación que actualmente traspasa el estricto marco nacional. No se ha estudiado el impacto que este proceso ha significado para la sociedad campesina, su patrón reproductivo, su cultura, sus formas de organización productiva y sus valores. La manifestación más evidente de estos cambios se concretiza en el comportamiento de los jóvenes y de las mujeres que ya no corresponde al modelo supuestamente andino que todavía existiría, por ejemplo, entre las comunidades indígenas.
La ruptura del campo social en el que se movían los campesinos y la creación de un nuevo campo en donde los elementos centrales provienen de fuera, sin duda requiere de investigaciones detalladas que puedan iluminar los cambios actuales de las comunidades y, en general, en el mundo rural. Sin duda, la generación de nuevos "habitus"11, muchos de ellos introducidos desde fuera y adoptados rápidamente por las generaciones más jóvenes, significa una desvalorización del mundo anterior y de un orden apegado a prácticas en torno a la tierra y a los elementos culturales vinculados a ella.
Un tercer aspecto es el relacionado con el rol activo de las mujeres en la consolidación de un nuevo "habitus". Entre los estudios sobre el mundo andino, casi siempre se ha considerado a la mujer en el rol de conservación de la cultura (lengua, vestimenta, tradiciones, etc.), de modo que muy difícilmente se podría buscar un paralelismo con los estudios del sociólogo francés. En las sociedades andinas, el hombre ha sido el que ha debido enfrentar el mundo exterior, mientras la mujer quedaba relegada al mundo interior, en una división del trabajo con predominio del rol masculino. Pero además, se trata de una sociedad campesina pobre, que ha debido vincularse con el mundo capitalista a través de la migración interna y en forma muy marginal a través de la venta de mercancías agropecuarias (la mayoría de las veces intermediada por una población mestiza que sacaba ventaja de un mejor conocimiento del mercado). En esas condiciones, la mujer no cayó en la tentación del mundo mercantil y, en este sentido, fue más sólida "la fuerza del inercia" que la "fuerza de atracción" (Bourdieu 2002:220).
Uno de los elementos explicativos de esta diferencia seguramente se encuentra en la educación. Mientras en el caso francés, la escuela y la adquisición de un capital cultural prácticamente descampesinizaba a los jóvenes y en especial a las mujeres (Champagne 2002), en el caso andino la prohibición del acceso a la escuela para las mujeres, constituyó la mejor salvaguardia de la "tradición". Hasta ahora, el nivel de escolarización de las mujeres indígenas es el más bajo del país, pero cuando las mujeres alcanzan un nivel aunque sea elemental de educación tambalean los pilares de la tradición campesina.12
Un cuarto aspecto a resaltar es el análisis de la dominación de la economía de mercado sobre la pequeña producción campesina. Esta dominación se expresa en varios ámbitos (mercado de insumos, comercialización, capital financiero) e impide -como sucede en el caso ecuatoriano- que la producción campesina sea una producción competitiva (dados los altos costos de producción y el enfrentamiento en el mercado con productos más baratos de otros países). Al mismo tiempo, los mismos campesinos no reconocen que la suya es una actividad poco competitiva, lo que conlleva a la ilusión de considerarse productor independiente y a no ver las condiciones de "autoexplotación" que se generalizan en el medio rural.
De allí que Bourdieu habla de que el reconocimiento de esta situación, junto a las ventajas de la sociedad urbana, llevaría a una "conversión colectiva" de la visión del mundo (2002:226) que se produciría a través de una acumulación de conversiones individuales especialmente de aquellas personas con menos vínculos con la tierra (jóvenes, mujeres). En una sociedad rural como la nuestra, con predominio del minifundio, sin herencia importante que dejar, el número de conversos a las ventajas del mercado y de la sociedad urbana va en aumento, lo que se refleja en su progresivo despoblamiento: una realidad frente a la cual no podemos taparnos los ojos.
Por último, es importante señalar que los procesos de desestructuración de la sociedad rural tienen sus características propias y responden a configuraciones diferentes tanto de la estructura agraria como de la misma respuesta de la sociedad campesina y rural. El mercado en el caso de las sociedades andinas no ha sido una realidad ajena a su cotidianidad. En algunas regiones donde el sistema de hacienda no tenía mucho peso, ya se había configurado una sociedad rural más dinámica en base al acceso más igualitario a la tierra y donde el mercado en cierto sentido se fue construyendo desde abajo a través del sistema de ferias campesinas (Martínez 1998) . No era un elemento extraño a su vivencia y fue en cierto sentido "domesticado" por la misma dinámica rural. Seguramente, la lógica económica no era independiente de la lógica de las relaciones sociales en la cual se encontraba inmersa, situación que ha cambiado actualmente, en beneficio del mercado (Bourdieu 2003). Además, en el área andina del Ecuador la cercanía campo-ciudad condujo a la creación de un campo social bastante abierto a las influencias de uno y otro lado. Incluso se llegó a hablar de "ciudades de campesinos", pero nunca se mencionó el impacto de las ciudades en el campo. Aquí hay una rica veta de investigación a desarrollarse destacando las especificidades andinas en el proceso de construcción de este campo social que ya no corresponde al de la sociedad tradicional rural pero que, al haber estado abierto más tempranamente al mercado, puede haber generado una "conversión" más social al mercado, aunque se exprese en prácticas individuales y no necesariamente colectivas.
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Notas
1 Pierre Bourdieu, 2002, Le Bal des célebataires. Crise de la societé paysanne en Béarn, Éditions du Seuil, Paris. La traducción de las citas de este libro, de otros libros y de artículos en francés utilizados en este ensayo, son estrictamente personales.
2 Estos artículos son: "Célibat et condition paysanne", publicado orginalmente en Études Rurales, 5-6, avrilseptembre, 1962; "Les stratégies matrimoniales dans le sistème de reproduction", en Annales, 4-5, juilletoctobre, 1972; "Reproduction interdit. La dimension symbolique de la domination économique", en Études Rurales, 113-114, janvier-juin, 1989.
3 Este es el argumento central de uno de sus últimos libros: "La experiencia vinculada al pasado social puede y debe ser movilizada en la investigación, a condición de haber sido previamente sometida a un examen crítico riguroso. La relación al pasado que permanece presente y actúa bajo la forma de habitus, debe ser socioanalizada" (Bourdieu 2002:218).
4 "En la Miseria del Mundo, que ha sido un best seller y que ha contribuído a descubrir la sociología para un buen número de gentes que ignoraban probablemente todo y no tenían ninguna razón particular de interesarse en ella, Bourdieu manifestaba de una manera pública y solemne su compromiso al lado de todos los excluidos de nuestra sociedad, comenzando por un capítulo dedicado a los que encarnan hoy día el más alto grado de sufrimiento, de humillación y de indignidad social" (Bouveresse 2004:28).
5 Las investigaciones sobre la sociedad campesina de Béarn se realizan entre 1959 y 1960 y la primera de ellas se publica en 1962.
6 Bourdieu critica la "brutal discriminación de sexos" que estaba presente en esta sociedad campesina desde la infancia: el acceso segregado a los cafés, las tareas diferentes en la producción y los pocos contactos entre los jóvenes (2002:51-52).
7 En este sentido, Hervieu y Viard hablan del contraste entre el "movimiento urbano caracterizado por los intercambios y comparaciones, de concurrencias a veces de conflictos, mientras que el del pueblo es un movimiento de clausura y de repeticiones: perpetuarse sobre el mismo territorio, perpetuar el patrimonio, incluso en el sentido religioso. Cada pueblo es el centro del mundo" (2001:94).
8 Patrick Champagne destaca la desaparición progresiva de las fiestas comunales y la substitución por un "calendario de fiestas individuales", así como también la "desaparición de las fiestas religiosas vinculadas a determinadas actividades agropecuarias" ( 2002:155-156).
9 Un estudio realizado sobre una cooperativa en la zona de colonización de Alluriquin, cerca a Santo Domingo de los Colorados, muestra que los campesinos han implementado un novedoso sistema por el cual sólo pueden heredar la tierra los hijos que han decidido dedicarse a la agricultura, con la obligación de casarse con alguien del mismo grupo de colonos. El objetivo último es evitar el parcelamiento de la propiedad (Surenaim 1993).
10 Estudios realizados entre comunidades peruanas, sin embargo, señalan que existirían otras estrategias respecto a la herencia. Así, por ejemplo, Marisol de la Cadena (1991) indica que en la comunidad de Chitapampa cerca del Cuzco, a principios del siglo XX, existía un sistema de herencia por el cual el 80% de la tierra familiar la heredaba el "hijo principal", entre el 10% o 15% el "secundario" y lo que quedaba para al resto de hijos. Un sistema bastante desigual, considerando además que los dos primeros eran generalmente varones, y que cuestiona el supuesto igualitarismo andino. 9
11 Conceptualizado como "matriz práctica de un pequeño número de principios implícitos a partir de los cuales se engendra una infinidad de prácticas que pueden ser arregladas sin ser el producto de la obediencia a reglas" (Bourdieu, 2002:204).
12 En un interesante estudio sobre algunas comunidades de la provincia de Cotopaxi, se muestra cómo las mujeres jóvenes con un nivel de educación básico buscan salir del mundo rural a toda costa, huir del pesado trabajo agrícola y sobre todo de la tiránica autoridad paterna (Sánchez-Parga 2002).
Como citar este documento: Riaño Alcalá, Pilar. Encuentros artísticos con el dolor, las memorias y las violencias. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21riano.pdf
Resumen:
Abstract:
Descriptores Tematicos: ARTE PUBLICO; MEMORIA Y VIOLENCIA; COLOMBIA; ciencias sociales; antropologia; juventud urbana; creacion artistica; cultura popular; tradicion oral; zonas urbanas; ciudades; barrios; problemas sociales; violencia
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Encuentros artísticos con el dolor, las memorias y las violencias
Pilar Riaño Alcalá. Antropóloga, Ph.D. Univer sidad de Vancouver Profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Mail: pilar_riano@telus.net
Reflexionando sobre la necesidad d e recordar a los muertos para conjurar el olvido, un joven de Medellín -ciudad colombiana en la que en los últimos 20 años han muerto más de 40.000 jóvenes como resultado de múltiples violencias- escribe:
La muerte sola, no es muerte completa. La muerte completa es el olvido. Así que no hay muertos más muertos que los que se olvidan. Esto lo debíamos saber mejor los habitantes de Medellín, que en los últimos años nos ha tocado aprender en suerte, y al son de sálvese quien pueda, ese oficio atroz que es torear la muerte, además con el capote más rojo, más alegre, más vivo... más débil: nuestra juventud. Pero también y con el otro lado del mismo capote hemos aprendido el oficio del olvido1.
Su voz se une a muchas otras que interrogan el olvido y el sentimiento de pérdida como expresiones de las heridas que las violencias extremas y múltiples han ocasionado en el mundo social de los colombianos. A partir de mi investigación etnográfica sobre memoria y violencia en la ciudad de Medellín y de una intervención de arte público comunitario,
La piel de la memoria2, este artículo comparte la preocupación por el papel del recuerdo y el olvido en sociedades atravesadas por la violencia y el terror. Presenta una reflexión antropológica sobre el impacto de la violencia en la experiencia humana y en los modos de tramitación de los duelos. La piel de la memoria tuvo lugar en el barrio Antioquia al suroccidente de Medellín (un barrio con una historia marcada por la exclusión, las tensiones sociales y las violencias) e intentó responder a la discontinuidad y vacío que preocupa al residente citado a través del arte, el ritual y la conmemoración comunitaria. En una primera parte, se recogieron cerca de 500 objetos emblemáticos de las memorias de los habitantes del barrio Antioquia para su instalación en un bus-museo de la memoria, que rodó por los diferentes sectores del barrio, y en una estación del metro de Medellín. El proyecto enfatizó la elaboración del duelo y la reflexión sobre el pasado a través del préstamo de un objeto seleccionado por los residentes como representativo de una memoria significativa en sus vidas. La obtención de estos objetos fue tarea de un grupo de 20 jóvenes y mujeres del barrio quienes, mientras visitaban a sus vecinos, se convirtieron en escuchas y escribanos de las historias y emociones que acompañan a los objetos del mundo material. El museo, como lugar expresivo de la memoria que recibió en 10 días a más de 4.000 visitantes de toda la ciudad, se convirtió así en un recinto dinámico de las memorias individuales y colectivas, y en un lugar que les rindió homenaje pero que también develó su carácter conflictivo y en disputa. Los objetos dan cuenta de la tradición oral local pero, además, de los trazos de la memoria de eventos nacionales que perviven en la vida familiar y de los modos en que los conflictos locales se articulan con procesos macro sociales como los de la violencia política de los años 50, el narcotráfico, las políticas de planificación urbana y la exclusión social. La segunda parte del proyecto buscaba superar la sospecha y hostilidad entre los vecinos del barrio y crear un canal expresivo para pensar en el futuro. A los residentes que entregaron un objeto y a los visitantes del museo se les pidió que escribieran una carta que incluyera un deseo para un vecino(a) desconocido(a) (los escritores no conocerían quien eventualmente recibiría qué carta en particular), y un deseo específico para el futuro del barrio Antioquia. Cerca de dos mil cartas en papel blanco, colocadas en gruesos sobres blancos de gran tamaño, fueron expuestas sin abrir próximas a los objetos en el museo. Al final de la exhibición, en una celebración-performance que tomo la forma de seis comparsas por las calles del barrio, jóvenes y adultos en una coreografía de bicicletas, mimos, contadores de historias, chirimías, zancos y personal de pie, deambularon por el barrio celebrando la instalación del museo de la memoria y anticipando el futuro con la entrega de una carta a cada hogar del barrio3.
En los últimos quince años, la Oficina de Paz y Convivencia de Medellín tramitó más de cien pactos de no-agresión con bandas y milicias del nororiente, centroriente, suroccidente y suroriente de la ciudad (Daza 2001). En su gran mayoría, estos pactos han tenido una corta historia y, en materia de meses, los grupos o nuevas versiones de ellos regresan al enfrentamiento armado y al ejercicio del terror. Las posibles razones del fracaso repetitivo de estos experimentos de "paz" tienen que ver con los vínculos directos entre conflictos locales y violencias-sistemas macro sociales, y con una débil voluntad política para sostener estos procesos. Pero también tienen que ver con la ineficiencia e impunidad que caracterizan los sistemas judiciales, el fracaso en la formulación y ejecución de estrategias para la inserción económica y social de estos jóvenes, y la ausencia de intervenciones socioculturales que tramiten las venganzas y duelos no elaborados que continúan alimentando odios y violencias. Desde esta preocupación, el artículo se interroga acerca de las condiciones bajo las cuales los procesos de paz y reconciliación pueden operar a nivel microsocial:
· el papel de la memoria, los rituales y el arte como motores de reconocimiento del sufrimiento social y de la elaboración del duelo colectivo;
· el modo en que las respuestas culturales y de intervención social a través del arte, la memoria y la cultura pueden constituirse en elementos dinamizadores de una pedagogía colectiva y cívica que cuestione los modos en que la violencia destruye la vida social local, las separaciones tajantes entre representación y experiencia y aquellas construcciones binarias (víctima-victimario, violento-no violento) que no dan cuenta de las complejidades y contradicciones desde las que se viven las violencias.
Interior del bus-museo de la memoria
Super elegante porque hay muchos parceros muertos y en esas burguesías de fotos.
El bus trae todos los muertos, el bus es bus es muy bonito (niño).
Salí sobrecogido, conmovido, estremecido. Los objetos, las voces, las fotografías palpitan.
La secuencia y cantidad de objetos crearon un aura sacralizada y ritual que daba cuenta de la magnitud (numérica y emocional) de la pérdida, pero también de lo que existe en común, de los lazos desde los que los residentes del barrio se perciben como comunidad y desde los que los visitantes del resto de Medellín establecieron asociaciones con su propia experiencia. Experiencia estética y reflexiva que en varios casos es acompañada de la curiosidad:
¿Por qué yo no había visto esto antes y a esta gente?
A su vez, los objetos fueron reconocidos en su carga histórica y como marcadores de importantes momentos. Así, de una forma más velada se van dibujando esos lazos entre historia local, regional y nacional:
Señora del barrio, 50 años: Muy lindo. Me trajo recuerdos la foto de Jorge Eliécer Gaitán. Cuando lo mataron a él en Bogotá trabajaba yo en tejidos Leticia y cuando vine del trabajo, a él lo mataron como a la una y pico, entonces la bulla de que lo mataron y como soy tan sentimental me puse a llorar.
Viviana, del barrio: Muy bueno pero olía como a muerto. Las cosas antiguas como la plancha, unas chanclas. Más cosas antiguas y recordar a la gente que ya murió a los jóvenes.
Artefactos cargados de historia y potencial asociativo que les trae sensaciones tan concretas como la del olor de muerto. La metáfora del objeto puente se aplica así no sólo para nombrar esa asociación íntima entre el artefacto, quién lo guarda, el pasado y el mundo sensorial, sino además para explicar lo que el bus museo generó en el entrecruce entre experiencia estética y las relaciones sociales: el museo como objeto-puente entre los residentes y su historia, entre los visitantes y los que prestaron las piezas, entre los residentes del barrio y los visitantes de afuera, entre dueños de objetos y los mismos objetos resignificados en su instalación en el museo. En esta mirada relacional se construye la posibilidad de un proceso cívico colectivo en el que los visitantes se sitúan como testigos del pasado de violencia y terror. El arte y la memoria activan esta mirada relacional para potenciar el deseo por reconocer, dar testimonio y ver, es decir, para pensar la reconciliación.
Al recorrer el bus los diversos sectores del barrio y abrir sus puertas en cada uno de ellos, se cruzan las fronteras territoriales que dividen al barrio para establecer ciertos puentes emocionales y de lugar. De la misma forma, los cientos de visitantes de fuera del barrio rompieron otras fronteras simbólicas y se adentraron a un lugar estigmatizado y temido como el barrio Antioquia. Al cruzar las fronteras, al adentrarse al mundo complejo de los recuerdos de los habitantes del barrio, los prejuicios se quiebran y de esta forma también se abre una posibilidad relacional entre habitantes de la misma ciudad, una posibilidad que va más allá de las dicotomías de amigo-enemigo, bueno-malo, para encontrase en la comunalidad del dolor vivido.
El tipo de miradas y experiencias que el museo suscitó deja certezas claras sobre el peso del dolor y la perdida en la historia del barrio, y también enseñanzas muy claras. Tanto las entradas en el libro de registro como las cartas que se escriben dan cuenta de ello:
¿Y quién dijo que la gente no siente? ¡Dios mío! Por favor... (24-07-00)
"Y los muertos aquí la pasamos muy bien entre flores de colores" Mecano
Vecino(a): Pero sería mejor que estuviesen con nosotros.
Sabe que triste es o fue ver todos esos cadáveres desangrarse y morir en silencio, chismes, gritos de los demás.
Sabe que es triste es o fue enterrar, maldecir, llorar, rezar y ver inerte en una caja más patética que la muerte a nuestro ser amado. Sabe, es triste y duele, pero más triste y doloroso es que ignoremos que también somos culpables así no hayamos matado al fulanito aquel de cualquier sector de nuestro oscuro barrio.
Del reconocimiento se avanza acá a las consideraciones de responsabilidad social, a enfrentar el peso del silencio, la indiferencia y los modos de recordar a los muertos. Los actos de lecto-escritura de las cartas y las entradas en el libro de registro se constituyen en otras avenidas de expresión y en elementos centrales de la pedagogía colectiva cívica. Escribir la carta y entregarla representarán otros actos relacionales en los que a través del lenguaje escrito se activa la mirada hacia el futuro. Los actos de ver y leer en el museo, la calle o la casa invitan a la crítica individual y comunitaria; invitan a una mirada crítica de la historia y las responsabilidades sociales que -como nos dice el escritor de la última carta- no pueden ignorarse. Es precisamente este tipo de cuestionamiento el que puede sustentar un posible proceso de reconciliación comunitaria.
El hecho de que el bus recorrió y abrió sus puertas en todos los sectores del barrio, sin registrar ningún incidente, atestigua de los logros, del reconocimiento y el respeto que el proyecto tuvo aún cuando se vivía una de las épocas de más aguda confrontación armada. En los días previos a la apertura del bus museo se habían presentado numerosos enfrentamientos armados entre las bandas y en dos ocasiones se quebró el acuerdo implícito de respetar los eventos comunitarios. Como organizadores de este evento temíamos, además, que al portar el bus fotos y objetos de personas que habían estado involucradas en el conflicto, éste se convirtiera en blanco de rabias y agresión. Pero esto no sucedió y el bus como objeto cultural en movimiento cruzó las fronteras simbólicas y físicas del territorio y fue creando otro tipo de topografía y movimiento. Esto en parte fue posible por el trabajo comunitario que durante un año adelantaron los líderes locales en sus sectores, informando sobre el propósito del proyecto y sus lazos con otras propuestas comunitarias que buscan fortalecer al barrio en tanto comunidad (como el festival anual Calles de Cultura o el Comité Interinstitucional). Tiene también que ver con el impacto de los procesos previos de recuperación de memoria y de la misma expectativa que el bus-museo creó ante los habitantes de la comunidad. Durante los diez días que estuvo abierto el bus-museo fuimos testigos de cómo sus visitantes se convirtieron en difusores y promotores, compartiendo con otros vecinos sus reacciones, sus descripciones de lo que allí había y su propósito. Este modo de difusión es en sí mismo un proceso de resignificación y de transmisión desde la experiencia perceptiva y emocional de los habitantes del barrio.
Durante la celebración final, la metáfora del objeto puente se reviste de nuevos significados. La celebración retoma a la calle y al recorrido como espacios expresivos y rutas a recorrer, estableciendo conexiones entre el presente y el futuro, entre sectores y vecinos, entre visitantes y visitados a través de las cartas anónimas. En esta celebración final se retoman elementos claves de las celebraciones carnavalescas y lúdicas de esta región: los mimos, la música, los zancos y la procesión. Los mimos, montados en bicicletas -el medio mas común y generalizado de movilización en y dentro del barrio-, iban cargados de sonrisas pero el acto de la entrega era en silencio, desmontándose de la bicicleta para hacer una reverencia que diera cuenta del significado poderoso del objeto que entregaban. Con seis comparsas que recorren los sectores del barrio entregando cartas, la celebración final extiende la imagen de movimiento del bus museo y la metáfora del cruzar fronteras. Posteriormente, las comparsas se unen en un desfile final que irrumpe cargado de alegría y sentimientos de futuro, mientras marcha por la calle principal del barrio. Las comparsas y los mimos en bicicleta recuperan el ambiente festivo y la celebración como espacios neutrales activos desde los que es posible congregar al barrio.
La celebración final se desarrolla como un acto colectivo y festivo que tiende un puente profundamente íntimo entre el vecino anónimo que escribió la carta y aquellos quienes la leen, entre los que abren las puertas de las casas y los que van por las calles, entre mimos, zanqueros y marchantes y los que se aglutinaron en las calles:
Yo creo que las cartas entraron mucho más que todos esos recuerdos de ese bus, para nosotros que fuimos recolectores, esas cartas fueron algo muy especial por las frases y palabras bonitas, porque llenaron, porque mientras estuvimos en el museo, todo el barrio Antioquia estuvimos terapiados con esto del recuerdo. Las cartas fueron esa cura, como una sanación a todas las cosas que estábamos viviendo, un perdón que hubo.8
Una vez finalizado el proyecto de arte público, el grupo de jóvenes y mujeres líderes continuaron con el proceso comunitario a través del trabajo con niños y jóvenes del barrio. Con entusiasmo y en medio de grandes dificultades,9 este grupo fomentó actividades culturales y deportivas y se proyectaron como líderes y actores de paz.
Ingenuo sería pensar que el proceso desencadenado cambia de manera fundamental el tejido de relaciones, las tensiones y conflictos en el barrio Antioquia. El proceso, sin embargo, puso en movimiento una serie de posibilidades que abarca tanto la experiencia estética como el imbricado universo de resignificación cultural, la elaboración emocional y reflexiva entre aquellos a quién esta intervención estético-comunitaria tocó de una u otra manera: los duelos elaborados, las pequeñas reconciliaciones, el exorcismo de ciertos penas y -como lo dice la líder citada- la posibilidad del perdón a nivel local. Este imbricado universo de acciones resignificadas por un proceso de interacción social a través del arte público ilustra la trayectoria y emociones que acompañan procesos sólidos de construcción de paz a nivel local.
Entre muchas otras, la anécdota de la foto de la hermana de Estela nos sugiere cómo se vivenció ese juego de posibilidades:
"No fue fácil para Estela entregar la foto de su hermana pues ella representaba el único objeto que preserva su memoria. Pero Alejandra la convenció cuando le explicó que esta foto estaría junto con muchos otros objetos en un museo rodante que exhibiría los objetos significativos de las memorias de los habitantes del barrio. Y Estela -quien a diario notaba el hueco que había dejado el cuadro ausentepudo comprobarlo cuando entró al bus museo y emocionada vio la foto de su hermana en una vitrina de vidrio y aluminio iluminada por cientos de bombillas incandescentes. Días más tarde, su otra hermana visitó el bus sin saber que la foto estaba allí. Con lágrimas en sus ojos, Mirta reconoció y remiró la foto tantas veces vista, mostrándosela a sus compañeras de la nocturna y sumiéndose en la nostalgia. Mientras, los ojos de otra compañera se aguaban también y ella se mantenía silenciosa y sobrecogida. Más tarde ella comentaría con una amiga la pena que sentía al reconocer el dolor de su compañera por la pérdida de su hermana, y el suyo propio pues su marido esta pagando condena por el asesinato de esta joven" (Riaño 1999:79)
A nivel de la ciudad, el amplio despliegue que el proyecto de arte público comunitario recibió en los medios de comunicación atrajo a muchos que venciendo miedos y estereotipos cruzaron las fronteras imaginarias para visitarlo y para reconocer simbólica y públicamente el impacto humano y material de la violencia como experiencias comunes entre los residentes de Medellín. El arte público comunitario y la recuperación de la memoria en este proyecto conjuraron temporalmente muchos de los fantasmas y miedos del presente abriendo las puertas para el encuentro a través del recuerdo, la visita o la fiesta, para la elaboración del duelo y la reconstrucción del tejido social.
La piel de la memoria nos sugirió la importancia de pensar en la reconciliación social como un proceso paulatino de civic literacy que se apoya en intervenciones culturales y simbólicas para reconstruir lazos de vecindad, amistad o familiares que han sido debilitados por las violencias. La piel de la memoria nos permite indicar desde una experiencia local la importancia de la legitimación simbólica de los reclamos de los dolientes y los modos en que las memorias históricas mediatizan las relaciones de los individuos con el presente y sus posiciones frente a la paz, la violencia, la reconciliación y la justicia. Estos elementos también juegan un papel central en los procesos nacionales de negociación cuando se convierten en una de las bases desde las que los diversos actores, incluido el Estado, definen y negocian sus posiciones. Las dimensiones simbólicas, humanas e intrasíquicas son fundamentales en la restauración de las confianzas, en los procesos individuales y locales de elaboración del duelo y en los procesos de paz que se vislumbren con un margen de sustenibilidad. Sin embargo, y regresando a la idea de la naturaleza social y política de nuestras heridas sociales, los intentos de una sociedad por lidiar con un pasado de terror y dolor tienen que estar liderados por procesos de administración de justicia y establecimiento de responsabilidades sociales. Estos procesos deberán responder efectivamente a los reclamos por justicia, por el reconocimiento de las historias que se han silenciado, de las atrocidades cometidas y la responsabilidad estatal, mientras que consideren las avenidas justas para la reparación social. En este sentido, es importante entender el alcance limitado de una intervención artística que opera en el ámbito cultural.
El uso del arte y la memoria como campos de interacción y testimonio social nos permiten reformular el campo de acción social de los procesos de reconciliación. La reconciliación es reformulada, más que como silenciamiento del pasado, como una fuerza, un deseo-pasión, desde el que nos enfrentamos con el pasado. Esta mirada hacia el pasado involucra un retorno a los sentidos a través del reconocimiento del dolor y de una memoria relacional donde experiencia, testimonio y reconocimiento se entrecruzan. Los procesos de reconciliación proporcionan una estructura y un marco temporal para reconocer el sufrimiento, elaborar los duelos y para encarar la desestructuración del mundo social por la violencia. Un proceso humano, social y cultural que propicia lugares colectivos de testimonio acerca del pasado, y desde los que las sociedades e individuos pueden estar mejor equipados para reclamar la verdad y la justicia, para recrear una comunidad moral.
Bibliografía
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Henao, J.I. y L.S. Castañeda, 2001, El Parlache, Ed. Universidad de Antioquia, Medellín.
Hoyos, Mauricio, 2001, La piel de la memoria, Corporación Región, Medellín.
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Riaño, Pilar, 1999, "La piel de la memoria", Nova y Vetera No.36, agosto-septiembre, p. 79-85.
----------, 2000, "La Memoria viva de las muertes: lugares e identidades juveniles en Medellín", en Análisis Político, IEPRI, Bogotá, diciembre, pp.23-39.
Notas
1 Ricardo Aricapa, citado en Henao y Castañeda (2001).
2 El proyecto en referencia es La piel de la memoria: Barrio Antioquia, pasado, presente y futuro. El proyecto de un museo de la memoria fue de carácter colaborativo entre la artista americana Suzanne Lacy y la antropóloga Pilar Riaño y contó con el apoyo de la Secretaría de Educación de Medellín (EDUCAME), la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia, la Corporación Región, Presencia Colombo Suiza y la comunidad del Barrio Antioquia. La producción general y coordinación pedagógica estuvo a cargo de Mauricio Hoyos. El equipo coordinador del proyecto estuvo integrado por William Álvarez, Jorge García, Juan Vélez y Ángela Velásquez.
3 Un equipo multidisciplinario (antropología, arte, historia, trabajo social, arquitectura) trabajó con líderes comunitarios del Barrio Antioquia en un proceso que incluyó formación pedagógica y artística, difusión, producción y colaboración. La piel de la memoria se inició en junio de 1998 con una serie de talleres en los que Suzanne Lacy y Pilar Riaño trabajaron con el equipo de veinte líderes para crear una visión de esta instalación-museo y de la performance-celebración final del proyecto. Posteriormente, este grupo trabajó durante un año con el historiador Mauricio Hoyos en la preparación del proceso de recolección de los objetos que se exhibirían en el museo, en la producción y en el proceso pedagógico del proyecto.
4 Bajo un convenio entre la Secretaría de Bienestar Social de Medellín y el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, este grupo de siquiatras llevaron a cabo una serie de talleres de acompañamiento psicológico con jóvenes del barrio Antioquia.
5 Numerosos factores permiten la instalación del narcotráfico en la vida del barrio: su cercanía al aeropuerto, la presencia de redes organizadas de delincuencia (Ej. apartamenteros) y las experiencias como carteristas de algunos de sus habitantes en los Estados Unidos.
6 Doris Salcedo (en Feitlowits 2002) sostiene que si bien la pena de familiares y víctimas es profundamente íntima, la esencia de los eventos que la genera es política; así, la sociedad debe reconocer esta pena y su carácter colectivo.
7 Desarrollo esta idea en Riaño (2000:23-39).
8 Citado por Mauricio Hoyos (2001:124).
9 Como he anotado, el barrio continúa en una dinámica de enfrentamiento violento armado. Tiene largos periodos de tensión alternados con momentos de paz y de acuerdos de no-agresión. La proyección de liderazgo del grupo dinamizador ha tenido repercusiones muy importantes en el área de trabajo con los niños, el trabajo cultural con jóvenes a través del teatro y la danza y en la participación en la junta de acción comunal. Sin embargo, en un barrio en el que tradicionalmente los líderes han sido elegidos dadas sus conexiones políticas y clientelares o por sus nexos con los patronazgos del narcotráfico, el posicionamiento de este grupo de jóvenes y mujeres fue recibido por algunos de los líderes tradicionales con recelo.
Como citar este documento: Burbano de Lara, Felipe. Coaliciones fantasmas, esencialismos políticos y corrupción. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21burbano.pdf
Resumen:
Abstract:
Descriptores Tematicos: ALIANZAS FANTASMAS; IDENTIDAD POLITICA; ESPACIO PUBLICO; PARTIDOS POLITICOS; LIDERAZGOS; CORRUPCION; politica; gobierno; administracion publica; democracia; oposicion politica; ideologias politicas; opinion publica; ecuador
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Coaliciones fantasmas, esencialismos políticos y corrupción
Felipe Burbano de Lara. Profesor-Investigador de Flacso-Ecuador. Mail: fburbano@flacso.org.ec
La práctica de los partidos políticos ecuatorianos, en el marco de las instituciones y los espacios creados por la democracia, se mueve en dos lógicas contradictorias y difíciles de aprehender: mientras en la escena pública reafirman constantemente sus diferencias y oposiciones, en un ámbito privado -casi habría que decir secreto- negocian y pactan acuerdos de manera constante. Algunos estudios sobre cultura política y gobernabilidad en el Ecuador han puesto mayor énfasis en la dinámica de conflicto que en la de negociación. Los problemas de gobernabilidad más estudiados -por ejemplo, la pugna de poderes- han sido interpretados justamente como resultado de una cultura política que se orienta por el conflicto y no por la búsqueda de acuerdos (Hurtado 1990, Burbano de Lara y Rowland 1998, Sánchez-Parga 1998). Se podría establecer también la existencia de una fuerte corriente de opinión pública que atribuye las dificultades de la democracia a la incapacidad de los actores para lograr acuerdos mínimos como sustento de un proyecto nacional e institucional. La ausencia de acuerdos básicos se ha convertido en una lamentación constante de analistas y comentaristas mediáticos. La inclinación de los actores políticos a confrontar entre sí encuentra, en la mayoría de análisis, una explicación en los cortes regionales, étnicos, de clase, de género e ideológicos que atraviesan a la sociedad ecuatoriana. Un contexto general de fragmentación y rupturas sobre el cual se levantan las grandes disputas.
Sin embargo, en algunos trabajos recientes, el politólogo Andrés Mejía ha lanzado una perspectiva distinta de análisis respecto de la política ecuatoriana (Mejía 2004, Mejía, Araujo, Pérez-Liñan, Saiegh y Pachano 2004). Ha mostrado el reverso del conflicto, esto es, una práctica constante de negociaciones y acuerdos entre partidos, desde una lógica que llama muy acertadamente "coaliciones fantasmas"1. Sus trabajos muestran que buena parte de las reformas económicas propuestas para implantar un modelo neoliberal en el Ecuador, se han alcanzado gracias a alianzas multipartidistas en el Congreso promovidas por el Ejecutivo. No han venido -como suele creerse- del uso indiscriminado de los poderes legislativos extraordinarios que la Constitución reconoce al Presidente de la República desde 1984. De acuerdo con su trabajo, al menos la mitad de las reformas económicas propuestas por los ejecutivos fueron aprobadas por coaliciones multipartidistas. Los presidentes han tenido mayor éxito en el Congreso con sus iniciativas de reforma económica que con sus propuestas legislativas en otras áreas. Detrás de esta problemática aparece como tema de fondo el difícil "maridaje" entre la democracia y las reformas neoliberales en el Ecuador durante los últimos 20 años.
El trabajo de Mejía muestra que a pesar de su confrontación constante en el escenario público, existe una tendencia fuerte en los partidos políticos a pactar y formar coaliciones por debajo de la mesa. No se trata de alianzas duraderas para llevar a cabo proyectos nacionales, sino acuerdos transitorios para empujar reformas puntuales. Las negociaciones han favorecido acuerdos globales ("wholesale agreements") con los partidos, antes que negociaciones al menudeo ("retail") con diputados sueltos. Los legisladores obtienen mayores beneficios cuando negocian como parte de un bloque partidista que cuando lo hacen individualmente. Los estudios de Mejía señalan que la cooperación de los partidos con el Ejecutivo se traduce en una serie de beneficios concretos, gracias a los cuales pueden mantener viva la relación con sus clientelas sociales. Todo esto hace ver que existen fuertes incentivos para negociar y pactar con el Ejecutivo.
El tema interesante, sin embargo, es por qué los partidos deben esconder sus negociaciones en el ámbito público. ¿Por qué las coaliciones se vuelven fantasmas? ¿Por qué no se las esconde? Me parece que se trata de un problema fundamental cuya presencia introduce una suerte de esquizofrenia en la política ecuatoriana, un doble juego muy difícil de sostener entre lo público y lo secreto, entre lo público y lo fantasmal, que corroe la legitimidad del sistema político. En el mediano plazo, la lógica de pactar y esconder los acuerdos ha restado credibilidad a los mismos partidos -a pesar de los beneficios obtenidos- y a las instituciones democráticas. Como señala Mejía, los procesos democráticos de rendición de cuentas se atrofian gracias a esta lógica fantasmal de acuerdos. La misma racionalidad de pactar por debajo de la mesa exige neutralizar la acción de aquellas instituciones que tienen bajo su responsabilidad los procesos de rendición de cuentas. Los incentivos que pueden tener para pactar, y los beneficios que efectivamente se logran, se consumen en el mediano plazo por el daño general que producen sobre la legitimidad democrática. La racionalidad inmediatista de los partidos se convierte, en el mediano plazo, en una gran irracionalidad. ¿Por qué los partidos han preferido erosionar la confianza de la sociedad en ellos y en el sistema democrático en lugar de publicitar sus entendimientos?
Mejía cree que los partidos ocultan las alianzas para no verse afectados por el desgaste que ha significado en estos 20 años llevar adelante programas impopulares de reforma económica. Como se ha visto en todo este tiempo, la implantación de programas de reforma estructural ha producido deterioros muy rápidos de las popularidades presidenciales. Al ser socios fantasmas de la reforma, los partidos empujaron los cambios, recibieron prebendas, pero no asumieron públicamente su responsabilidad. Si esta explicación resulta acertada, tenemos entonces que la racionalidad cortoplacista de los partidos termina convirtiéndose en un suicidio. Luego de 25 años, casi todos los partidos importantes de la etapa democrática han pasado por el poder y han sufrido, sin contemplaciones, el desgaste de programas económicos impopulares. De nada les ha servido, pues, su juego de alianzas fantasmas.
La explicación de Mejía tendría sentido si encontráramos en la política ecuatoriana una tradición de cooperación entre los partidos que se haya roto en los años 80 y 90 por la implantación de reformas económicas neoliberales. Podríamos plantear la pregunta de otra manera: ¿si no habrían estado de por medio los programas impopulares de reforma económica, los partidos habrían transparentado sus alianzas? ¿Se habría dado una lógica distinta de cooperación? Mi hipótesis es que no, sino que hay un mecanismo que opera desde el interior de la política ecuatoriana y que lleva a los partidos a seguir una lógica de exclusión. Se trata de una tradición formada a lo largo del siglo XX que la democracia no ha podido superar. El peso de las tradiciones ha sido mucho más fuerte que la capacidad de innovación política abierta por la democracia. Bastaría, a modo de ilustración, mirar rápidamente el proceso de transición a la democracia (1976-1979) para descubrir algunas líneas de conflicto y exclusión entre sus principales actores. Citaré solo algunas de ellas: Assad Bucaram, líder del principal partido en el momento de la transición Concentración de Fuerzas Populares- fue impedido de participar en las elecciones como candidato a la presidencia de la República cuando todo hacía pensar que podía ser el ganador. Los partidos modernos, que debutaban en la vida política en el momento de la transición, estaban convencidos de que los partidos tradicionales, de corte oligárquico y aristocrático, constituían un obstáculo para la consolidación democrática y que debían, en consecuencia, ser superados históricamente. Los partidos tradicionales, a su vez, impugnaron el proceso de retorno por considerarlo una maniobra de la dictadura para favorecer a los partidos de la modernización estatal. Los partidos de la izquierda marxista, entre tanto, veían con sospecha y recelo ideológico el retorno a una democracia burguesa considerada como una democracia de fachada. Y los militares, en alianza con los partidos modernos, creían que la versión menos ilustrada del populismo -Assad Bucaramdebía estar fuera del proceso, como de hecho lo estuvo. Con estos ejemplos solo quiero señalar algunas líneas de exclusión presentes durante la transición y que marcaron -desde el inicio- la dinámica del conflicto en la recién instaurada democracia. Entre estos actores no se dio un pacto fundacional que legitime plenamente la cooperación democrática y que fuese roto -años más tarde- por la implantación de las reformas económicas neoliberales. Las reformas, que comienzan a ponerse en marcha desde 1984, simplemente crean nuevas líneas de oposición y conflicto entre fuerzas movidas por conductas excluyentes.
En otro trabajo hemos definido al sistema de partidos que se configura con la transición -y que opera con pequeñas variantes durante las décadas de los 80 y 90- como un sistema de "pluralismo polarizado" (Burbano de Lara y Rowland 1998). Se caracteriza por tener entre 4 y 6 partidos con capacidad para competir electoralmente, con posibilidades de alianzas para formar mayorías, y con fuerza suficiente para el chantaje. Lo de "polarizado" alude, sin embargo, a la distancia simbólico política que los separa. Esa distancia es una convergencia de concepciones ideológicas, morales y de rivalidades personales entre los líderes partidistas. A los partidos políticos ecuatorianos les separa de manera profunda sus maneras de entender y actuar la política. Se trata, creo yo, de un fenómeno de culturas políticas largamente sedimentadas, disímiles e irreductibles, que se manifiesta en la forma cómo los partidos y sus líderes construyen las identidades en el espacio público. Pero esas culturas políticas no sólo se refieren a ideologías y valores morales que reivindican -esenciales, irreductibles-, sino al mecanismo que opera desde el interior de las construcciones identitarias.
El juego de las identidades
Me atrevería a pensar que se trata de una vieja tradición que nos remite a los enfrentamientos entre conservadores y liberales a finales del siglo XIX y comienzos del XX, al aparecimiento del populismo en la década de los 30, al peso de la tradición marxista en la izquierda ecuatoriana y la expansión del discurso de modernización en los años 60 y 70 (Burbano de Lara 1998, De la Torre 1996 y 2000). Todas estas construcciones discursivas definen su posición política a partir de una identificación con un conjunto de principios ideológicos y valores morales considerados esenciales. Lo interesante, sin embargo, es el doble juego que describen: lo esencial alude tanto a una noción de pureza, de cualidad interna de las ideas y valores defendidos, como también a un posicionamiento dentro de un campo de múltiples fuerzas, de múltiples despliegues retóricos. Se aplica muy bien el concepto de antagonismo desarrollado por Laclau (1990 y 1993) para explicar la formación de identidades políticas. De acuerdo con este autor, toda identidad que se construye a partir de la afirmación de unos valores y principios considerados esenciales, hace de la presencia del otro, del adversario, un "accidente", un obstáculo a mi realización plena. El ejemplo perfecto de la política ecuatoriana puede ser Velasco Ibarra. Toda la retórica velasquista constituye una afirmación permanente de unos principios políticos y valores morales esenciales, absolutos, de los cuales depende la buena convivencia social. Velasco se convierte en guardián de esos principios y valores frente a la presencia corruptora de conservadores, liberales y socialistas. Incluso puede ser que algunos principios y valores sean compartidos con liberales, conservadores y socialistas, pero lo que distingue a Velasco es la fuerza moral, la firmeza, la convicción con la que los defiende. En el caso de Velasco, los principios esenciales deben encarnar en el pueblo, entendido como el único sujeto auténtico de la política. En esta lógica de construcción identitaria, la presencia del otro siempre es percibida como una impureza, como un obstáculo y una amenaza para la realización plena de los valores esenciales de los que depende la buena vida social.
Creería que es dentro de este juego donde hay que entender la constitución de los liderazgos personalistas en la política ecuatoriana, cuya figura paradigmática es justamente Velasco. Los líderes intentan constituirse en una relación íntima, de proximidad absoluta, con unos principios y unos valores esgrimidos como esenciales. La cualidad moral de los liderazgos depende de una suerte de identidad total entre el ser y la esencia. Laclau sostiene que las identidades políticas, a pesar de su retórica esencialista, requieren un "afuera", un "exterior" para constituirse. La presencia del otro es necesitada para afirmar mi propia esencialidad (Laclau 1990 y 1993). Si "el otro" no estuviera presente, y si no lo estuviera como impureza, no tendría frente a quien desplegar y exhibir mi condición esencial. En un campo político caracterizado por un pluralismo polarizado, las dinámicas de construcción de identidad describen una multiplicidad de antagonismos, que deben ser minuciosamente trabajadas y descritas para comprender mejor la dinámica del conflicto en la política ecuatoriana. Mientras mayor presencia de fuerzas políticas se pueda establecer en el escenario, más obstáculos, más límites, más impurezas, encontrará cada identidad para realizarse plenamente.
Uno de los méritos que puede atribuirse a estos 25 años de democracia es haber constituido un espacio público como resultado de un ejercicio de las libertades políticas. Les guste o no a los partidos y a sus líderes, la política no puede escapar al espacio público, y cada vez puede hacerlo menos. Es el drama, si se quiere, que persigue a las coaliciones fantasmas. Hay que entender, por tanto, el modo cómo los partidos y sus liderazgos se presentan a sí mismos y cómo se dan una identidad en la escena pública de la democracia. En el campo estrictamente político, a la distinción esencia-accidente, interior-exterior corresponde la distinción amigo-enemigo. Esa lógica, en la definición de Carl Schmitt (1984), distingue un grado intenso de unión y separación, simultáneamente una asociación y una disociación. En el concepto de antagonismo político de Schmitt, la alteridad del otro es total, no hay mediación ni consenso posible. La lógica amigo-enemigo tiene como presupuesto la guerra, es decir, la realización extrema de la hostilidad. ¿No describen estas imágenes el despliegue de la política ecuatoriana en la escena pública?
En este punto, habría que preguntarse sobre la otra dimensión de la política a la que se enfrentan los partidos ecuatorianos bajo la democracia, esto es, al proceso continuo pero oculto de negociación subrayado por Mejía. En primer lugar, la negociación sugiere un punto límite a la lógica amigoenemigo. Hay un umbral del conflicto que una vez alcanzado desata la lógica de negociación. No obstante, y es esto lo significativo, lo que podría interpretarse como un gesto de realismo democrático, que aleja finalmente a la política ecuatoriana del presupuesto de la guerra, se convierte en un juego secreto, oculto. Ahí está el gran problema. El realismo político es objeto de un cuestionamiento público.
¿Cómo explicar este comportamiento? A mi juicio, la negociación tiene que ser ocultada porque atenta contra el principio identitario de amigo-enemigo, de esencia-accidente, proclamada en la escena pública. La negociación lanza una sombra, una mancha, a la cualidad moral de los líderes políticos. Lo que en un campo con mayor tradición democrática sería una práctica normal de negociación, de dirimencia de los conflictos, en la política ecuatoriana aparece como un acto de contaminación, de corrupción identitaria, de daño irreversible de la moral. De esta manera, la política ecuatoriana establece una esquizofrenia entre lo público y lo privado: en lo público opera siempre una declaratoria de guerra y enemistad unida a proclamas de pureza moral e ideológica, mientras en el ámbito de lo privado se puede negociar y pactar todo. El dualismo significa, sin embargo, que la negociación no desarma la relación amigo-enemigo. En la medida en que esa lógica no llega a desarticularse, serán necesarias negociaciones entre sujetos sin rostro, sin diálogo, sin reconocimiento mutuo. Es muy llamativo que los partidos actúen en la escena pública como si nunca hubieran ocurrido las negociaciones, como si nunca hubieran pactado entre ellos o con el gobierno. Hay un daño a la moral política que intentan esconder hasta el final.
El pueblo como escenario
Carlos de la Torre (1997) ha planteado que en el Ecuador las relaciones entre Estado y sociedad operan por mediación del concepto de pueblo antes que por el de ciudadanía. Si nos apoyamos en su interpretación, tenemos entonces que el discurso de las elites políticas intentaría representar de distintas maneras al pueblo. No hay nada de novedoso en este planteamiento, por su puesto. Una de las características de la democracia, como lo subraya constantemente la tradición liberal, es la tensión permanente entre la vigencia de las libertades individuales y la necesidad de constituir al pueblo como una voluntad colectiva. En una cultura política con una fuerte tradición populista y débil tradición liberal, la voluntad colectiva que debe encarnar el pueblo se coloca siempre más allá de las libertades individuales, reconocidas de manera muy selectiva. La retórica populista ha deificado al pueblo, convirtiéndolo -en palabras de Velascoen el único sujeto auténtico de la política. Mi interpretación es que la escena pública de la política ecuatoriana se define por una disputa constante entre juegos discursivos que intentan fusionar al pueblo con diversas expresiones ideológicas y morales. La "seducción del pueblo", su "conquista emocional", se lleva a cabo desde discursividades que reivindican distintos presupuestos de legitimación política y de pureza moral3. Las diferencias simbólico-ideológicas de los partidos se proyectan en las estrategias de seducción del pueblo. Las elites políticas afirman su propia enemistad a través del pueblo, que no es más que una entelequia que se construye retóricamente en los espacios públicos. La conquista emocional del pueblo, la seducción populista, sólo pretende legitimar las posiciones de guerra de los partidos y de sus líderes4.
La moralidad política se exhibe ante el pueblo como fidelidad a unos principios. De la exaltación a esa fidelidad depende la calidad moral de los líderes y de sus partidos. Mostrar una imagen no contaminada es, por lo tanto, una condición para conquistar y seducir al pueblo, les da como suelen decir ellos- autoridad moral para hablar. Los líderes están obligados a exaltar su estatura moral como parte de una afirmación irreductible de su posición en el campo político. En este contexto, las negociaciones políticas sólo pueden ser entendidas como un contacto con aquello que públicamente se denuncia como impuro, como contaminado; de allí que deban transcurrir en el patio trasero, de espaldas a la luz pública. El discurso de la corrupción calza perfectamente en esta lógica. La denuncia constante del otro como corrupto tiene un doble propósito: descalificarlo moralmente y realzar mi propia condición moral, o condenarnos moralmente todos. Lo corrupto se asemeja claramente con un daño irreversible del alma, de los buenos valores, de la corrección ética. Del lado opuesto, quienes son corruptos y no poseen un discurso moralizador de las identidades en la escena pública, se han encargado de denunciar a los moralistas como falsos apóstoles de la política, como actores de una farsa. Su consigna es "todos son iguales", con la cual pretenden justificar la corrupción. Ellos expresan el lado oscuro, negro, de las almas políticas.
La conclusión a la que ha llegado una amplia mayoría de los ecuatorianos es que la confrontación es sólo una mascarada; una forma de exhibirse públicamente con fines electorales, puesto que se pacta por debajo de la mesa. En suma, una gran mentira. Me parece difícil creer que todo se trate de una mascarada, de una capacidad infinita de los partidos y de sus líderes para inventar un juego de rivalidades. Se trata de una rivalidad auténtica, no plenamente consciente, que nace de una profunda creencia en la pureza de las identidades políticas, lo que a su vez tiene mucho que ver con una manera de entender "lo político". Si los partidos siguieran la lógica de su confrontación pública, los ecuatorianos nos habríamos matado hace mucho tiempo, como lo han hecho pueblos vecinos. No obstante, nuestros partidos se detienen ante el abismo, no llevan su lógica de lucha hasta las últimas consecuencias, han definido un umbral de su propio conflicto. Han hecho de la guerra sólo el presupuesto y no el fin de su confrontación, para usar palabras de Schmitt. ¿Por qué entonces esconden sus pactos y arreglos? Para conservar su imagen pública. Para las identidades puras, la negociación y el pacto son un mestizaje inaceptable. Reconocer el pacto equivaldría a desvirtuar la identidad que se han dado en la escena pública de la política. De este modo se instaura un juego bastante esquizofrénico: los pactos por debajo de la mesa van acompañados de esfuerzos desesperados por conservar la identidad política. No es un juego mentiroso, es un juego movido por un moralismo político, del cual no pueden escapar los partidos y sus líderes a la hora de posicionarse en el competitivo campo de la política democrática. En la escena pública son dioses, en la privada políticos de carne y hueso en busca de apoyos para los intereses de los grupos que los respaldan. La imagen de familiaridad y cordialidad que muestran las cámaras de televisión entre los diputados cuando están fuera de la batalla, contrasta fuertemente con la exaltación de las rivalidades que hacen en la escena pública. La política se mueve entre dos polos: el de los dioses, donde las esencias se contemplan a sí mismas, y el de los corruptos, en donde las almas han sido entregadas al diablo.
Bibliografía
Burbano de Lara, Felipe y Michel Rowland, 1998, Pugna de poderes: presidencialismo y partidos en el Ecuador: 1979-1997, CORDES, Konrad Adenauer y Cooperación Española, Quito.
Burbano de Lara, Felipe, 1998, "Cultura política y democracia: una aproximación a nuestros vacíos", CORDES, Konrad Adenuer, Cooperación Española, Quito.
Bustamante, Fernando, 1996, "Cultura política y ciudadanía en el Ecuador", en Ecuador, un problema de gobernabilidad, CORDES, Quito.
----------, 2000, "Los partidos como orientaciones culturales", en ICONOS No. 9, FLACSO-Ecuador, Quito.
De la Torre, Carlos, 1997, "Los usos de la categoría de pueblo y democracia", en Ecuador Debate No. 41, CAAP, Quito.
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Laclau, Ernesto, 1990, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión, Buenos Aires.
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León, Jorge, 2003, "Un sistema político regionalizado y sus crisis", en Víctor Breton y Francisco García, editores, Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina, Icaria, Barcelona.
Mejía, Andrés, 2004, "Ghost Coalitions, Economic Reform, and Democratic Accountability", trabajo presentado en la reunión de la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Ontario, octubre 30.
Mejía, Andrés, Caridad Araujo, Aníbal Pérez Liñán, Sebastián M. Saiegh y Simón Pachano, 2004, Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes in Ecuador, FLACSO-InterAmerican Devolopment Bank, Quito.
Schmitt, Carl, 1984, El concepto de lo político, Folios Ediciones, Buenos Aires.
Notas
1 Otro autor que subraya la tendencia de negociación y búsqueda de consensos en el sistema político ecuatoriano es Jorge León, quien analiza el tema desde el corte regional de la sociedad ecuatoriana. León sostiene que el empate de poder entre sierra y costa ha llevado a los actores sociales y políticos a buscar negociaciones y consensos permanentes para sostener el equilibrio del sistema (León 2003).
2 Fernando Bustamante (2000) ha intentado describir esa constelación de culturas políticas a partir de las cuales se forman un conjunto de líneas de exclusión.
3 Sobre la idea de seducción ver el trabajo de Carlos de la Torre (2000). Sobre el concepto de "conquista emocional" ver Bustamante (1996).
4 Eso hemos visto, por ejemplo, en las elecciones locales del 15 de octubre: los partidos ganadores interpretaron su triunfo como una acumulación de fuerzas en su confrontación con el presidente. La elección se asumió como un juego para acumular o perder fuerza en una guerra.
Como citar este documento: Torre, Carlos de la; Galindo León, Pedro Elías. Reseñas. En publicacion: ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, no. 21. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador: Ecuador. Enero. 2005 1390-1249.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecuador/flacso/iconos/ICONOS%2021/Iconos21resenas.pdf
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Descriptores Tematicos: resenas bibliograficas; ciencias sociales; reforma agraria; zonas urbanas; exclusion social; movilidad social; educacion; estado; politica gubernamental; industrializacion; sociedad civil; derechos humanos; recursos naturales; petroleo; inversiones extranjeras; indigenas; tenencia de la tierra; desarrollo sustentable; medio ambiente; america latina; ecuador
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