El campesinado parcelario jugó pues un papel importante en la creación del Estado del 52 y tuvo una cierta "participación" en el sistema autoritario de dominación que inició formalmente Barrientos en 1964. Fue sin embargo, durante el gobierno de Bánzer que la orientación general de la política estatal contravino sistemáticamente y con mayor consistencia los intereses parcelarios. El campesinado, salvo cuando se requirió fuerza de trabajo en las empresas agropecuarias del oriente, o cuando era necesario mantener bajos los precios de los alimentos, fue totalmente ignorado en la política económica.
Esta ha sido globalmente caracterizada como "desarrollista" (Aranibar 1978; Ramos 1980; Blanes 1982) para destacar el énfasis puesto en la aceleración del crecimiento económico como objetivo explícito de la acción estatal y la importancia de ésta como instrumento en la formación de capital y la captación y traslación de excedentes económicos.
En éste marco tuvieron primera prioridad las actividades vinculadas m s estrechamente al mercado mundial. La producción exportadora recibió un apoyo pr cticamente ilimitado para su expansión : créditos baratos, imposición tributaria meramente ornamental en el caso de la agroindustria del oriente, y un sólido y consistente presionar tendiente a garantizar la necesaria disponibilidad de fuerza de trabajo en precio y cantidad aceptable para el productor agroindustrial. En los rubros de exportación m s controlados por el Estado (minería e hidrocarburos) se trató de aprovechar sin medida ni previsión alguna al extraordinario aumento de los precios en los mercados internacionales, debilitando al mismo tiempo a las empresas públicas del sector con una fuerte carga tributaria (Laserna 1980). Si a esto añadimos información sobre el desmedido e irresponsable endeudamiento público tanto externo como interno, no podr sorprendernos saber que la capacidad del gasto fiscal se incrementó en un 875.8 por ciento entre 1972 y 1978, y que la inversión pública representó una proporción superior al 70 por ciento durante el período. Lo que sí podría sorprender es que sólo una ínfima parte de todo ese esfuerzo fuera destinado a respaldar las actividades de la agricultura parcelaria. Así por ejemplo, de los casi 3.400 millones de dólares en que consistía la deuda externa contratada a mediados de 1979, menos del 2 por ciento había sido directamente destinada al sector agropecuario "tradicional ". Esta proporción puede haber sido mayor pues parte de la deuda destinada al sector agropecuario (tradicional y moderno) no tenía determinado su destino. Sin embargo, el contraste sigue siendo muy notorio cuando se sabe, por otro lado, que el sector del transporte fue destinatario del 26 por ciento de la deuda externa contratada (Cf. Navia 1982 ; 196 y ss).
Adicionalmente, la política económica buscó establecer las condiciones adecuadas para atraer inversiones extranjeras. La devaluación del peso boliviano en 1972 y el inmediato congelamiento de salarios acrecentaron el potencial explotador del capital internacional que, aún así, se mostró reacio a invertir en Bolivia. Fue un enorme sacrificio el que se impuso a la clase obrera, cuyos salarios reales fueron persistentemente comprimidos, y al mismo campesinado que debió soportar un rígido control de precios sobre sus mercancías.
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, durante el periodo, fue de aproximadamente el 30 por ciento, (Cf. COB 1979; p. 16 y anexos). Los precios de los productos campesinos se deterioraron, en relación al índice general de precios, en un 32.3 por ciento entre 1972 y 1975. (Datos del MACA y del Banco Central de Bolivia).
Las consecuencias de semejante política económica no se dejaron esperar. Ni el auge de los precios internacionales ni los desembolsos de la deuda externa pudieron impedir un creciente desequilibrio en la Balanza de Pagos, así como tampoco evitaron que el déficit fiscal creciera sistem ticamente alimentando la expansión del medio circulante y el consiguiente desequilibrio en el sistema de precios.
Las crisis de mercado se sucedieron con frecuencia haciéndose cada vez m s difícil para el régimen contener el conflicto social que late en cada crisis. Es posible que la más importante, en términos cuantitativos, haya sido la provocada por la devaluación del peso boliviano en Octubre de 1972; pero la que mayor significación social adquirió fue la de enero de 1974, ahí, la crisis fue el detonante de un conflicto extenso y profundo que sacudió las bases mismas del Estado y del régimen autoritario.
2.2 El desencuentro de enero
Luego de la devaluación de octubre de 1972 que fijó el tipo de cambio en 20.4 pesos por dolar (66.66% más alto que el anterior), el gobierno congeló los salarios luego de otorgar un bono de compensación equivalente a menos de 7 dólares mensuales (135. $b.), pero no pudo controlar un agudo proceso inflacionario por el cual los precios al consumidor aumentaron lo que no habían aumentado en los cinco años anteriores. Doce meses después, el gobierno volvió a autorizar un importante incremento en los precios de los artículos de primera necesidad, disponiendo el control de precios en los mercados de consumo y dejando a la negociación dentro de cada empresa el monto de un bono compensatorio al alza de costo de vida para los trabajadores asalariados. En la práctica, el par metro de las negociaciones fue el monto concedido a los empleados públicos, equivalente a 6 dólares ($b. 120).
Con esas medidas, el gobierno afirmaba su intención de restablecer el equilibrio en el mercado combatiendo la especulación y el contrabando que era estimulado por las diferencias de precios de dichos artículos en Bolivia y los países vecinos. Simultáneamente, anunciaba su decisión de ceder a presiones de la opinión pública convocando a elecciones generales para el primer domingo de mayo de 1975.
Vanos fueron, sin embargo, los esfuerzos del régimen. El año 1974 comenzó registrando cotidianamente un creciente malestar en la ciudadanía. "Abundancia de comités y escasez de alimentos" fue un expresivo titular informativo (LT; 8.1.74). Un dirigente campesino, que poco después sería elegido Secretario Ejecutivo en el Congreso Departamental de Paracaya, se quejó por la carestía de alimentos en el agro afirmando que de no asegurarse una previsión normal "los campesinos, como represalia ante la carestía, (podría darse que) no trasladen productos agropecuarios a los mercados de la ciudad" (LT; 5.1.74). Era el lenguaje de la impaciencia que comenzaba a asomar.
En realidad, a lo largo de todo el mes fue aumentando la inquietud y el malestar social, haciéndose cada vez más intensas las protestas y más rígidas las opiniones.
El 8 de enero el gobierno expulsó del país a Víctor Paz Estenssoro, acusado de complotar contra su estabilidad, logrando al mismo tiempo la permanencia de su partido en el frente político que apoyaba a Bánzer. Tres días después, una manifestación de obreros de la fábrica MANACO fue reprimida en Quillacollo, a 15 Km. de Cochabamba, cuando protestaba contra la carestía de alimentos y la ineptitud municipal para controlar la especulación. Ese mismo día, un ampliado de dirigentes del autotransporte resolvió exigir un incremento del 200 por ciento en las tarifas y fletes. También por esas fechas, una comisión de dirigentes campesinos recientemente designados en Congreso Departamental viajó a La Paz para hacer conocer al gobierno sus planteamientos económicos inmediatos. En los medios informativos se insinuaba que "de continuar la desatención del gobierno a planteamientos concretos de los campesinos, éstos optarían por desligarse de todo compromiso o pacto de carácter político o de apoyo incondicional" (Cit. LT, 19.1.74). Esta versión fue ratificada por un ampliado departamental campesino en el que, entre otras cosas, se discutió la necesidad de establecer plazos para obtener respuesta del gobierno a sus pedidos, acordando medidas de hecho en caso de que éste persistiera en su actitud indiferente. Algunos participantes denunciaron en el ampliado que dirigentes nacionales recibían sueldos del gobierno por ejercer esas funciones. Dudando de la sinceridad del régimen, autorizaron a su Secretario Ejecutivo a viajar a La Paz donde había sido llamado por Bánzer, pero acompañado por otros tres dirigentes "por si acaso" LT, 20.1.74).
El mismo día en que los diarios publicaron estas noticias, el gabinete de B nzer aprobó un conjunto de medidas económicas orientadas a modificar las condiciones de mercado:
- El Decreto 11300 creaba un bono de compensación al costo de vida de 400$b. mensuales (20 dólares) a todos los trabajadores del sector público y privado;
- El Decreto 11301 creaba un impuesto a la comercialización del arroz y el azúcar en el territorio nacional a fin de desestimular la exportación ilegal de estos productos;
Concomitantemente, el Ministerio de Industria y Comercio emitió su Resolución 15600 por lo cual fijaba un aumento de precios en 6 productos básicos.
- El decreto 11302 por el cual el Estado se constituía en garante de los depósitos en cuenta de ahorro, cuya cl usula de mantenimiento de valor (en la relación de dólares) era en consecuencia respaldada por el Estado.
La preocupación del Gobierno estaba, como se ve, en los mercados urbanos. Estimaba que desabastecimiento se debía a la exportación ilegal de esos productos a los países vecinos, que resultaban favorecidos por la diferencia de cambio, y al ocultamiento especulativo de los comerciantes, de modo que un aumento de los precios estimularía la oferta restableciendo el normal abastecimiento de los mercados. Adicionalmente, para paliar el impacto que tal medida generaría, concedía un aumento salarial y, a través de la alcaldía, disponía un estricto control sobre los precios a fin de que el aumento en el costo de vida no fuera mayor que el "autorizado" por resolución ministerial.
Tales ilusiones se desvanecieron de inmediato pues los aumentos de precios y el bono salarial justificaron nuevas alzas de precios (sobre todo los productos industriales) en tanto que el bono apenas representaba un aumento del 27 por ciento según un estudio de los trabajadores fabriles de La Paz; proporción inferior al aumento del costo de vida ocurrido sólo entre diciembre de 1973 y febrero de 1974, que fue del 30.3 por ciento (Datos del INE).
Quienes más sufrieron el impacto de la crisis de mercado profundizada por el régimen, fueron los pequeños agricultores. Ellos, responsables del grueso del abastecimiento alimenticio(1) fueron presionados de múltiples maneras a continuar soportando el estricto control de los precios de sus productos en el mercado urbano. Obviamente, este control era frecuentemente desbordado y nunca pudo cumplir a cabalidad su objetivo de congelar los precios, pero fue el elemento fundamental que hizo que la posibilidad de conflictos que subyace en el juego de la oferta y la demanda se acentuara en la relación productor - intermediario mucho m s que en la relación intermediario - consumidor. Esto explicaría también por qué prevalece más el aspecto conflictivo que el complementario en la relación entre productores e intermediarios en tanto grupos sociales organizados.
Como no podía ser de otra manera, las reacciones de los sectores cuya posición en el mercado fue bruscamente deteriorada no se dejaron esperar. La mayor parte de las mismas fueron protestas espontáneas protagonizadas incluso por los consumidores en mercados y almacenes, pues la represión a dirigentes políticos y sindicales con que inició sus actividades el régimen se prolongó prácticamente durante toda su vigencia. Sin embargo, los fabriles y los mineros lograron expresar colectivamente su repudio con huelgas y manifestaciones en diversos centros del país. Precisamente, la mañana del 22 de enero los obreros de la f brica de calzados Manaco (subsidiaria de BATA) abandonaron sus labores para expresar su protesta en una marcha que culminó con la adhesión masiva de la población de Quillacollo, en la Plaza Central de esa ciudad. Poco después, en medio de slogans referidos a sus dificultades económicas, los manifestantes bloquearon la carretera asfaltada que une Cochabamba con Oruro y La Paz. Durante el día las fuerzas represivas intentaron en vano romper los bloqueos. Recién al día siguiente, luego de haber ocupado durante la noche la ciudad, pudieron restablecer el tráfico vehicular por la carretera. Poco después empero, el comandante de la policía de tr nsito fue tomado como rehén junto a cuatro oficiales quedando todos bajo custodia del Sindicato MANACO. Las autoridades se vieron obligadas a negociar un convenio por el cual se comprometieron a desocupar Quillacollo en tanto los trabajadores liberaban a los rehenes y garantizaban el orden público.
Cuando comenzaba a cumplirse el convenio y las fuerzas policiales se retiraban de Quillacollo, nuevos grupos de pobladores, a los que se adhirieron numerosos campesinos de la zona, bloquearon nuevamente la carretera. Sus principales exigencias eran la derogatoria de los decretos recientemente promulgados y el restablecimiento de los antiguos precios de los artículos de primera necesidad. En el hostigamiento que sufrieron los bloqueadores perdió la vida un joven de 18 años por una granada de gas lacrimógeno que recibió en la cara. Ese día, el número de heridos aumento a 9 (PL; 24.1.74 y APDHB 1979; 15 y 16). Una nueva ocupación armada de Quillacollo durante la noche restableció la calma en esa ciudad.
El día 24, mientras grupos de campesinos comenzaban a cortar el tráfico en la carretera Cochabamba Santa Cruz que cruza todo el Valle Alto, Bánzer ofreció un incremento salarial del 25 por ciento a los trabajadores mineros y el congelamiento absoluto de los precios en sus pulperías. El Ministro del Interior, también en La Paz, amenazó con aplicar la Ley de Seguridad del Estado, que contemplaba incluso la pena de muerte, para precautelar el orden público. Los Ministros de Agricultura y de Asuntos Campesinos, en Cochabamba, se reunieron en privado con los dirigentes departamentales, quienes convocaron al Ampliado Departamental para el día 30 a fin de escuchar de los Ministros la demostración de que "las medidas beneficiarán a los campesinos". Estos, a su vez, pidieron autorización para aumentar los precios de sus productos a fin de resarcirse de las alzas (LT: 25.1.74).
Para el día siguiente, el bloqueo de la carretera a Santa Cruz se extendió a lo largo de casi 100 km. En una reunión pública realizada en la localidad de Tolata (a 30 km. de Cochabamba), donde se agruparon varios piquetes de bloqueadores para escuchar al Ministro de Agricultura, un dirigente campesino comentó en su discurso en quechua que con su actitud el Ministro quería seguir "haciendo tragar píldoras cuadradas en el garguero de los campesinos".
Otros expresaron su repudio a los políticos que dividen al campesinado, así como a los dirigentes de la Confederación Nacional cuyas decisiones de consentimiento a la política económica fueron consideradas "a título personal" (LT; 26.1.74).
En La Paz, luego de entrevistarse con el Gral. B nzer, el Secretario Ejecutivo de la oficialista Federación de Campesinos de Cochabamba, Ciriaco Guzm n, informó a la prensa la lógica simple e irrefutable de sus argumentos. "He venido a Palacio -dijo- porque el Presidente me había hecho llamar para comunicarme que los precios de los productos agrícolas no deben subir (...). Yo he dicho que si los precios de los artículos de primera necesidad suben (...), como el azúcar, la harina, el arroz, carne, también deben subir de precio los productos agrícolas que producimos en el campo" (LT; 26.1.74).
Para el sábado 26, los bloqueos se extendieron aún m s abarcando la carretera Cochabamba-Chapare en por lo menos 10 lugares a lo largo de 32 km. Los sindicatos de base comenzaron a mostrar una extraordinaria capacidad organizativa estableciendo turnos de bloqueo entre sus miembros, regulando el abastecimiento y cuidando mucho que nada perturbara el carácter pacífico pero firme de la protesta.
Aunque no faltaban los oradores que en cada reunión sugerían la necesidad de que Bánzer renunciara a la presidencia, los campesinos se mostraron por lo general muy conscientes de la correlación de fuerzas existentes en ese momento. Por ejemplo, fustigaron permanentemente a los partidos y a los políticos, refiriéndose concretamente en numerosas oportunidades a los co-gobernantes MNR y FSB, a quienes acusaban de ser los directos responsables del conflicto con su intromisión divisionista en el campo y la adopción de las medidas económicas, pidiendo al mismo tiempo mayor intervención de las Fuerzas Armadas y un di logo directo con Bánzer cuya presencia era exigida con insistencia. Con ello, los campesinos demostraban su disponibilidad hacia el poder sugiriendo el camino del reencuentro militar campesino, pero conscientes también de que podían poner algunas condiciones para tal reencuentro. El Frente Popular Nacionalista (formado por el MNR, FSB, y las Fuerzas Armadas) era, en la versión de los campesinos, el principal obstáculo para un entendimiento entre su sector y el gobierno, que debía ser "directo".
Incapaz de comprender el lenguaje de las sugerencias y absolutamente inconsciente de las bases sobre las que se asentaba el edificio del Estado, el gobierno se mostró obsesionado con el "principio de autoridad". Los bloqueos continuaron durante el domingo 27 y el lunes 28 mientras crecía la preocupación de los pobladores urbanos. Este último día, la ciudad de Cochabamba quedó completamente aislada con el establecimiento de nuevas barricadas en la carretera a Oruro y La Paz. Por la noche de ese día, el gobierno dictó el Estado de Sitio en todo el país . Bánzer lo informó en un violento mensaje a la nación: "Tomo mi lugar -dijo- para dar esta nueva batalla por el sentido nacional (...), a los hermanos campesinos, a los hermanos trabajadores de las ciudades y de las minas, a todos aquellos a los que sorprendidos en su buena fe los están tratando de llevar a la provocación de las fuerzas del orden para convertirlos en carne de cañón, los exhorto a que tomen conciencia de la gravedad de los hechos (...) las órdenes impartidas son terminantes e irreversibles. La actuación ser firme, porque ya no es posible que se confunda el diálogo y la comprensión con la debilidad del gobierno". El conflicto, para el Presidente, quedó definido como una "nueva agresión internacional" LT; 29.1.74 / subrayados nuestros).
Al día siguiente, este lenguaje se tradujo en hechos de plomo y sangre. No obstante que un general cochabambino, Juan Pérez Tapia, Prefecto en la época de Barrientos y conocedor de la cultura y el idioma quechua había sido designado Interventor Militar en Cochabamba, y que luego de reunirse con los bloqueadores había establecido las bases de un acuerdo con ellos, una "orden superior" ignoró su autoridad cuando trato de detener el avance de una columna de carros de asalto y tropa fuertemente pertrechada que se dirigía a la zona de bloqueo. El primer reporte difundido por la prensa informó de 6 muertos y 3 heridos, todos en el lado campesino (LT: ; 30.1.74).
Antes de la "batalla" contra los "agresores internacionales " un comunicado del Comando divisionario del ejército informo que el Gral. Pérez Tapia, que en esos momentos negociaba con éxito la suspensión del bloqueo, había sido tomado como rehén, con lo cual los campesinos habrían culminado así "sus actos de provocación y torpeza". En ese mismo comunicado se daba a conocer a la opinión pública la iniciación de un "operativo militar de car cter disuasivo" (LT; 30.1.74). En otro comunicado dirigido a los campesinos, y que probablemente éstos nunca conocieron, se afirma que "el gobierno no quiere m s perjuicios para el campesino que debe volver a su tierra a trabajarla, a la cosecha de los productos que debe vender para poder vivir" (ibid).
Mientras el supuesto rehén llegaba a la ciudad cargado de indignación y sorpresa, la columna militar despejaba al bloqueo de Tolata, que era donde se había concentrado mayor número de campesinos convocados para dialogar con el enviado presidencial, dejando "montones de cadáveres de campesinos amontonados como leña" según testimonio de un soldado presente en el lugar (APDHB 1979; 26). Tres horas más tarde, caída ya la noche, las "órdenes terminantes e irreversibles" volvieron a cumplirse en la zona de Epizana. La cifra de muertos y desaparecidos se incrementó a un mínimo de 70 a 80, aunque en círculos militares llegó a hablarse confidencialmente hasta de 200 bajas (APDHB 1979; 36).
Al día siguiente, 30 de enero, arribó a Cochabamba un nuevo Comandante de Zona Militar con la "terminante decisión de imponer el principio de autoridad en el país", según sus palabras (LT; 31.1.74). Ese día fueron despejadas las restantes carreteras.
"Las Fuerzas Armadas se sienten satisfechas de haber podido, gracias a la comprensión de todos, salvar una situación por un mínimo de contratiempos y comprometen una vez más su empeño de identificarse con las legítimas aspiraciones de todos los bolivianos y sus creencias de que la paz sólo puede ser el resultado de la justicia", señaló el comunicado con el que la VII División de Ejercito, acantonada en Cochabamba, daba por concluidos los operativos militares de "disuasión" (LT; 1.2.74).
Ese mismo día se publicaron otros pronunciamientos como el de la Federación de Empresarios Privados, que "repudia los actos subversivos y terroristas". Y de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos que señaló el origen del conflicto en la "confusión ideológica", declarando que "con el imperio de la ley de la oferta y la demanda, los productos agropecuarios encontrarán su precio justo".
Entre tanto, el Sindicato MANACO se encontraba en huelga de 48 horas protestando por la "masacre de Tolata"; el FPN donaba una partida de medicamentos para los heridos hospitalizados en la ciudad; y la COMIBOL continuaba negociaciones con la Federación de Mineros que recibía adicionalmente, de parte del Ministerio de Trabajo, promesas de importantes beneficios colaterales. Los días siguientes la prensa continuó registrando noticias semejantes. Paros laborales en protesta por la política económica y solidaridad con los campesinos del Valle cochabambino; ofrecimientos gubernamentales de ampliar a todos los fabriles los beneficios colaterales ofrecidos a los mineros; detenciones de dirigentes campesinos y autoridades provinciales; y numerosos "pronunciamientos campesinos" respaldando al gobierno y lamentando el trágico equívoco de sus hermanos del Valle.
EL 14 de Febrero fueron retirados del gabinete los Ministros del Interior y de Asuntos Campesinos y el 8 de marzo, en una "concentración campesina" realizada en la Base Aérea Militar de Cochabamba, el Presidente Bánzer hizo pública entrega de 25 tractores y 1000 arados metálicos a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos (que para entonces fueron fundidos en uno solo), para que los entreguen en forma "gratuita" a los agricultores a través de cooperativas que deben formar con asistencia gubernamental. Salvo el Canciller del Arzobispado de Cochabamba, todos los oradores fueron militares. Incluso el encargado de agradecer al Presidente "a nombre de los campesinos"; Cap. Hugo Navia, Coordinador del Pacto Militar Campesino (LT; 9.3.74).
Se había impuesto un nuevo equilibrio en el mercado, pero el conflicto había revelado nuevas determinaciones y contradicciones sociales en la región.
